Marta Oreja, de nacionalidad española, será juzgada en Kenia, tras ser acusada de abuso sexual y explotación infantil; pero ella asegura que la denuncia ha sido hecha por trabajadores que no la quieren y que intentan vengarse.
Marta es voluntaria fundadora de una ONG en Kenia, y se ha sabido recientemente que el juicio se ha suspendido, ya que uno de sus acusadores, retiró su denuncia.
«Una organización le solicita a la policía que me arresten inmediatamente por todos los crímenes que estoy cometiendo, y que si no lo hace ningún organismo oficial, lo harán ellos», relató la española en una carta amenazante, mientras se encuentra retenida en este país.
Marta ha afirmado que las acusaciones en su contra son falsas y fueron vertidas por el exdirector de la escuela de Kombani, en Kenia, que sin la ONG no funcionaría. Marta denunció a este director cuando se enteró de que le estaba cobrando a los padres una mensualidad para que sus hijos pudieran acudir a la escuela, cuando debería ser gratuito.
En esta institución, llamada Mamawatoto School, reciben educación gratuita, asistencia sanitaria y comida 122 niños. Por eso Marta está en graves apuros por la denuncia. El director denunciante y su mujer se encargaron de la escuela durante dos años hasta que Marta regresó a África. Entonces, las familias keniatas le contaron que en su ausencia, todo dejó de ser gratuito.
Marta decidió despedir a la mujer e interpuso una denuncia por extorsión. Actualmente se está llevando a cabo una investigación criminal donde mucha más información está saliendo a la luz y Marta está sorprendida, inclusive dice que esto parece una película de terror.
En represalia y, en su opinión, aprovechando su indefensión como turista, el director y su mujer decidieron denunciarla por abuso y explotación infantil.
«Su denuncia consiste en que soy una persona que va cambiando de identidad con el único propósito de esconder las actividades ilegales que estoy perpetuando en este país», dice Marta.
La ONG fundada por la joven recogía donativos desde España, a través de socios que pagaban 12 euros al mes, la organización trabajaba para que no les faltara nada a los niños. Ahora, mientras espera la sentencia y ve como el caso ya tomó trascendencia internacional, Marta dijo que hará lo que sea para proteger el proyecto, la ONG y que no cierren la escuela.
«No me voy a rendir», al tiempo que pidió ayuda del mundo para enfrentarse a un «juicio injusto». concluyó.
Fuente: Red Uno