«Estamos en la rampa de salida de la epidemia», arguye Josep Tarrés, neumólogo y doctor en Medicina. El experto no se refiere al coronavirus, sino a las enfermedades cancerígenas relacionadas con la exposición al amianto. Pese a que el uso del asbesto está prohibido en España desde 2002, cientos de miles de instalaciones siguen manteniendo estructuras infestadas por este cemento fibrado. Si bien, algunas administraciones han trabajado para erradicar su presencia de algunas zonas como las instalaciones ferroviarias o las naves industriales de diferentes puntos del país, existe una zona cero que puede ser determinante para la salud de toda una generación: las escuelas públicas.

Según el Grupo para una Ley Integral del Amianto, en España hay al menos un millón de niños que estudian en colegios con instalaciones en las que hay todavía algún resto de amianto. Tejados de uralita, pizarras, barrotes en el patio… su presencia es tan aleatoria como peligrosa. Este dato, no obstante, es solo una estimación que refleja la ausencia de censos estatales que permitan saber con detalle la magnitud del problema. Las únicas estadísticas de las que se dispone dependen de cada comunidad autónoma y se actualizan de una forma intermitente. Así, se sabe que en Andalucía hay 123 escuelas con asbesto y en Murcia otros 161 centros afectados. En Catalunya, según los datos de 2017, el 12% de los colegios, tienen restos de este material en sus infraestructuras. En 2019, quedaban 69 centros con amianto en todo el País Valencià. En la Comunidad de Madrid, los datos de CCOO son más alarmantes, ya que apuntan a que el 80% de las escuelas públicas tendrían presencia de asbesto.

«Es urgente que se erradique el amianto de los colegios de inmediato», denuncia María del Carmen Morillas, portavoz de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado (CEAPA). «Está en riesgo la salud de la comunidad educativa y de nuestros hijos, que pasan más de cuarenta horas a la semana durante diez meses del año bajo estas infraestructuras», agrega. Para la representante de las madres y padres, el primer paso que debe dar el Estado es empezar a trabajar para realizar un censo exhaustivo que permita conocer cuántos colegios siguen manchados por este tóxico. «Tenemos localizado algunos puntos negros por circunstancias que se dan, pero necesitamos más claridad y actualizar esa lista para poder investigar y avanzar hacia el fin del amianto».

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