Según la versión del Gobierno Foral de Navarra, Jesús Ánder, a sus 9 años de edad, se había suicidado ahorcándose en su litera de la habitación de su piso de acogida. Había sido declarado en desamparo y tutelado por la Administración en contra de la voluntad de su familia y de la del propio niño. Después, con ocasión del confinamiento, había sido reubicado en Tudela, a 100 Km de su familia que reside en Pamplona.

Se trataba de un niño nacido en España cuyos padres, de origen colombiano, habían sido deportados por carecer de papeles, carencia que les impidió llevarse consigo a su bebé. El niño vivía con su abuela Zoraida, a la que llamaba “mamá”, rodeado de una gran familia extensa y perfectamente integrado en su entorno pamplonica. A Zoraida ya le habían tutelado hijos anteriormente y ahora se le llevaron también al nieto aprovechando su viaje a Colombia para asistir al entierro de su madre.

Uno hijo que le fue tutelado llamado Jonathan, ya de vuelta en casa por mayoría de edad, asegura que “entró bien” a la residencia y “salió enganchado a la medicación”. Tanto ese comentario como el supuesto suicidio nos recuerdan otros casos de muertes de tutelados ocurridos a lo largo de los últimos años. La administración de fármacos sedantes a los menores tutelados en residencias de acogida ha sido utilizado habitualmente como método auxiliar de disciplina y control y, en ocasiones, ha producido muertes por sobredosis. Este y otros tipos de prácticas irregulares han contribuido al descredito global de las empresas concertadas que gestionan las residencias de acogida de menores. Sirva como ejemplo el cierre de O´Belén en 2.017, tras haber sido una de las empresas más emblemáticas de su tiempo en el ramo.

La presunta escasez de recursos materiales que declaran estos centros de acogida para contratar el suficiente personal cualificado como para controlar mejor a los niños a su cargo, contrasta poderosamente con las astronómicas cantidades de dinero público desembolsado para su manutención. Aunque oscila entre unas comunidades autónomas y otras, sirva como ejemplo Andalucía, donde se ha llegado a invertir MÁS DE 9.800 € AL MES POR CADA NIÑO TUTELADO. Según muchos de los padres, esta es la principal razón por la que arrebatan a sus hijos. Ante los pretextos, a veces incomprensibles, con los que los Servicios Sociales justifican muchas de esas declaraciones de desamparo, los voluntarios que intentamos aproximarnos al problema desde fuera, tampoco encontramos otra explicación razonable.

Para que esta opinión le resulte le verosímil a quienes no conocen el “mundillo” de la Infancia, conviene recordar que, en toda la Unión Europea, es un simple funcionario/político de los Servicios Sociales el que tiene el poder de sacar a los niños de sus familias, sin la intervención de un juez. No es de extrañar pues que la corrupción pueda haberse apoderado de la gestión de los Sistemas de Protección de la Infancia.

Según la versión oficial, en la noche del pasado 25 de mayo, Jesús Ánder se fue a dormir a la cama de su piso tutelado sin aparentes signos de nerviosismo o depresión. Poco después, un compañero dio el aviso de que se lo había encontrado muerto. Según dijeron las educadoras a la abuela, el niño se había ahorcado con el cordón de una bata o albornoz. Esa noche terminó en estado de coma, en la UCI del Hospital de Pamplona, pero no avisaron a la abuela hasta las 11 de la mañana del día siguiente. La versión que se le dio a la familia está llena de contradicciones groseras. La más importante consiste en que, cuando los familiares consiguieron verlo, pudieron comprobar que el niño no tenía ninguna marca en el cuello.

El 5 de junio, el Hospital lo declaró en muerte cerebral y decidió DESCONECTARLO en contra de la voluntad de su familia, que no pudo oponerse porque le habían quitado la tutela. Protestaron amargamente, porque, tanto Zoraida como otros familiares, creían sentir cómo el niño apretaba la mano contra la suya cuando le hablaban. Pero, a pesar de su oposición, tampoco pudieron evitar que se le realizara una EXTRACCIÓN DE ÓRGANOS para trasplante, autorizada por un juez.

Resulta realmente sorprendente tanta crueldad con la familia por parte de los responsables sanitarios y tanta prisa por cerrar un asunto tan delicado como este. No se puede evitar que se despierten recelos y se intuyan motivos obscuros que tapar pronto bajo tierra. Para mayor redundar en el recelo, parecen faltar algunos datos y sobrar otros tantos en la incompleta documentación que la Administración facilitó en un primer momento al abogado de oficio de Zoraida, pues hay una autopsia provisional sin sus prescriptivas fotografías y fotografías hechas por la familia que parecen desmentir sus conclusiones.

Es irrefutable que la protección que los Servicios Sociales le han impuesto a Jesús Ánder en contra de su voluntad y de la de su familia no ha tenido un buen resultado. Además, no resulta osado afirmar que existen claros indicios de irregularidades graves en este caso, que deberían ser investigados de inmediato. No solo es importante depurar las responsabilidades oportunas, sino que, ante la suma de tantos y tantos escándalos durante tantísimo tiempo alrededor de los niños tutelados por el Estado (tuteladas prostituidas de Mallorca o Navarra, la filmográfica de pornografía infantil de Cataluña, la venta de niños de Almería, los niños del parque de Hortaleza de Madrid o el Caso Bar España, entre otros innumerables ejemplos) hace IMPRESCINDIBLE diagnosticar y CORREGIR de inmediato el mal funcionamiento (CORRUPCIÓN) del Sistema de Protección de Menores de todo el Territorio Nacional.

Cuando las irregularidades a investigar implican a funcionarios o cargos públicos, las Fiscalías de Menores rechazan por sistema tomar la iniciativa. Es por eso que la familia anuncia ahora emprender por propia mano acciones legales encaminadas al esclarecimiento del caso. No es fácil encontrar un abogado con el coraje suficiente para enfrentarse a todo un Sistema de Protección de Menores y al corporativismo del Poder del Estado que lo respalda. Solo profesionales de la talla que Mario Díez ya ha demostrado en la representación procesal de las niñas víctimas de violación en el caso Kote Cabezudo, affaire que implica a muchos miembros de la élite política y social de San Sebastián, incluyendo al que fue su alcalde, Odón Elorza, que no pudo ser citado a juicio por ser persona aforada como diputado por el Partido Socialista.

Para apoyar a la familia, varias asociaciones relacionadas con la protección de los derechos de la infancia han anunciado su personación como ACUSACIÓN POPULAR, representados por la joven pero valiente letrada Maria Luisa Santamaría. Tal es el caso de las asociaciones “ALEXIA ENSÉÑANOS” y “ASOCIACION NACIONAL DEL MENOR GITANO”

Para presentar acusación popular es necesario aportar la fianza que imponga el juez que asuma el caso. Para hacerle frente, se ha abierto una suscripción popular, confiando en que haya suficientes personas lo suficientemente comprometidas con la defensa de los niños como para conseguir alcanzar el importe de la fianza. Las donaciones se recogen en la cuenta: ES61 3008 0164 2740 8567 5025 a nombre de la Asociación ALEXIA ENSÉÑANOS. Hay que indicar el nombre de la abuela, ZORAIDA, como motivo del ingreso.

Si las personas de bien no apoyamos masivamente la lucha contra la corrupción, especialmente en asuntos tan monstruosos como este, nunca conseguiremos frenar a los culpables.

Fuente: Vega Mediapress

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