• 19 mayo, 2022 11:19 pm

Manifestación en Madrid de familias de menores tutelados que denuncian los fallos del sistema de acogimiento

Vestidos con petos tachados con cruces y capirotes blancos, familiares de menores tutelados y organizaciones que los apoyan, se manifestaron este sábado por las calles de Madrid y Mallorca. Con este gesto quieren denunciar «los graves desajustes» del sistema de retirada de tutelas de menores y piden la creación en cada comunidad autónoma de un «pacto por la familia y la infancia», en el que participen todas las fuerzas políticas y en el que se de voz a expertos y asociaciones que llevan años denunciando el mal funcionamiento del sistema.

En un comunicado explican que los casos conocidos en Baleares, Valencia, Madrid y otras ciudades en los que numerosas niñas acogidas por el Estado han sido captadas y explotadas sexualmente por redes de prostitución y tráfico de drogas «demuestra que las denuncias puestas por cientos de familiares respecto a que la red completa de atención a la familia tiene graves desajustes y carencias, son justificadas».

Entre los principales «fallos» resaltan que estas retiradas de tutelas de menores a las familias por casos de desamparo, se realizan sin garantías y por funcionarios de los servicios sociales sin la participación del un juez. Que en muchos casos estos desamparos no son justificados y que los profesionales que los activan en muchas ocasiones no tienen la formación necesaria. Una vez que los niños son retirados de sus familias y tutelados por el Estado, la única vía para recuperarlos es iniciar un proceso judicial que suele ser largos y que en la mayoría de los casos los menores nunca vuelven al entorno familiar.

Según datos del Ministerio de Derechos Sociales, en 2020 tan sólo 11 de cada 100 niños tutelados por la administración regresaron con su familia de origen, un porcentaje similar a lo que ocurre año a año. Del resto aproximadamente la mitad viven en familias de acogida y la otra mitad de centros.

Las organizaciones convocantes no niegan que existan casos extremos en los que los menores tengan que ser protegidos y apartados de sus familias biológicas, pero afirman que el número de menores tutelados en nuestro país es extremadamente alto (lo cifran en 50.000) y las decisiones de retirada de la custodia son en muchos casos «aleatorias y no comunicadas previamente a las familias. Hay un exceso de niños tutelados. Si existiera una red de apoyo a las familias desde que nacen los niños, la mayoría de los casos se solucionarían sin necesidad de arrancar a los menores de su entorno familiar», afirma a Público Victoriano Fernández, presidente de la Asociación de Familias para la Sociedad del Siglo XXI, una de las organizaciones convocantes.

Necesidad de revisar las leyes

El pacto por la familia y la infancia que reclaman, debería revisar y analizar las leyes de protección a la infancia y la adolescencia que se han ido aprobando en entre 1987 y la actualidad, incluida la ley contra la violencia en la infancia aprobada por el Parlamento en junio pasado, afirman en el comunicado. «Todas ellas dan poderes casi ilimitados a los funcionarios de los servicios sociales, hasta el punto de convertirlos en inquisidores», afirma Fernández. Y añade que incluso la recién aprobada ley contra la violencia en la infancia le concede a esta figura la condición de agentes de la autoridaduna medida que ha sido muy criticada por diversos expertos por considerar que incurre en arbitrariedades y da inseguridad jurídica a las familias.

Denuncian que en muchas ocasiones los servicios sociales reciben avisos de colegios u hospitales y que a raíz de de éstos los servicios sociales investigan a las familias sin que estas tengan conocimiento, y que pueden decretar los desamparos y las retiradas de custodia sin haber hablado con con las familias.

«¿Qué pensaríais de un sistema en el que te meten en la cárcel por un hecho que desconoces, te interrogan sin presencia de tu abogado, te acusan con vaguedades y no tienes un juez que investigue tu causa en un juicio justo en el que puedas presentar tus pruebas, y directamente quienes te han detenido deciden que debes entrar en prisión? Pues ese sistema existe puesto que la ley lo permite en el caso de los menores. Es la vía administrativa la que opera. El legislador da atribuciones a la administración para agilizar el procedimiento y son los Servicios Sociales los que se llevan a los menores y adolescentes con argumentos tales como que ‘la familia no tiene integridad moral'», afirma el comunicado.

Denuncian un negocio millonario

Desde las organizaciones denuncian la privatización de los servicios de atención a la infancia y de la práctica totalidad del sistema de protección a menores, que supone un negocio que mueve millones de euros. «El 80% de los servicios que intervienen en el sistema de protección de menores y que intervienen en los procesos de desamparo y acogimiento institucional se han privatizado. Desde los CAI [Centros de Atención a la Infancia], que son los que elaboran los informes, hasta los centros de acogida. Las fundaciones y empresas que los gestionan se presentan a una licitación por el contrato y la administración suele concederlos al mejor postor. Es decir, a quien ofrezca la cuantía más baja. Por cada menor tutelado, el centro recibe de una media de 4.000 euros por niño y mes«, añade Fernández

«En diversos medios de comunicación han ido apareciendo noticias sobre los abusos, inducciones a las drogas y la captación de niñas por parte de redes de la prostitución mientras éstas estaban bajo la custodia de la Estado. Sin embargo nadie quita las tutelas a la administración que desampara a los menores. Esto ocurre para que las organizaciones consagradas por la oficialidad se enriquezcan a su costa, recibiendo cantidades mensuales por casa niño. Si esas cantidades se las hubieran destinado a sus verdaderas familias, les hubieran permitido tener medios para vivir mejor», afirman las organizaciones convocantes de las manifestaciones.

Entre las reivindicaciones, los organizadores de las marchas reclaman que se depuren todas las responsabilidades civiles y penales en los casos que están siendo investigados en Madrid, Valencia y Baleares donde se ha vulnerado los derechos fundamentales de los menores tutelados.

También exigen el cese inmediato de las personas con cargos de responsabilidad en el sistema de protección de la infancia en los territorios en los que haya evidencia de graves negligencias. Por último piden que se convoque una amplia reunión en la que acudan las organizaciones convocantes de las marchas expertos en derecho, psicología, pedagogía y asuntos sociales para hacer propuestas de mejora.

Fuente: Público

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