Los intentos de un sector de los obispos para investigar los abusos sexuales dentro la Iglesia católica no han cuajado. Los prelados no piensan abrir sus archivos para que organismos oficiales o comisiones independientes acometan indagaciones sobre la pederastia en su seno. Algo airado, el secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, se preguntó por qué siempre se fija la atención en el clero cuando se habla de los abusos sexuales en la infancia. «¿Por qué el foco se pone solo en la Iglesia católica? Hay casos en federaciones deportivas, ¿se ha pedido una investigación general al COE o a la FIFA?», se quejó Argüello. Al contrario que Francia, Alemania u Holanda, quedan descartadas las investigaciones «estadísticas o sociológicas» que ofrezcan la dimensión exacta de los abusos.

Durante la rueda de prensa posterior a la reunión de la asamblea plenaria, Argüello señaló que el camino escogido para aliviar el trauma de las víctimas consiste en el trato personalizado: «Es la vía por la que hemos apostado: el conocimiento personalizado, rostro a rostro y cara a cara».

Las palabras del portavoz contrastan con la insistencia del presidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal Juan José Omella, quien este viernes mismo volvió a expresar «el dolor y la vergüenza» que causan al episcopado este tipo de agresiones durante la ofrenda al apóstol Santiago en la catedral compostelana. «Los abusos cometidos por algunos miembros de la Iglesia nos causan dolor y vergüenza. Pedimos tu fuerza y tu luz para que, en todas las diócesis, podamos encontrar, acoger y acompañar, cara a cara, a las víctimas en la sanación de su dolor», remachó el arzobispo de Barcelona.

Pioneros en el mundo

Pese a la negativa de la asamblea de los obispos, celebrada esta semana, a poner negro sobre blanco el número real de víctimas, Argüello presentó a los prelados españoles como vanguardia en la lucha contra los abusos sexuales. Y es que el plenario del episcopado acaba de aprobar un decreto sobre protección a menores. «Es la primera Conferencia Episcopal en el mundo que aprueba un conjunto de normas para afrontar los casos de abusos sexuales contra los menores de edad y personas que tienen habitualmente un uso imperfecto de razón», se lee en la nota de prensa distribuida por la oficina de información.

La norma agrupa en un único documento la legislación canónica dispersa en varios textos. «Tendrá validez en todas las diócesis españolas, en las instituciones religiosas de derecho diocesano», aseguró el secretario general de la jerarquía eclesiástica y obispo auxiliar de Valladolid.

De esta manera, la cúpula eclesial española se limita a cumplir con los requisitos mínimos establecidos por el papa Francisco para abolir la pederastia. Las diócesis han abierto oficinas de atención a las víctimas, de cuya actividad se deduce que los abusos de sacerdotes y religiosos son algo residual. Argüello destacó que a tenor de «los propios informes de la Fiscalía General, la Fundación Anar e investigaciones que realizan otras organizaciones, las denuncias por abusos perpetrados por personas vinculadas a la Iglesia representan el 0,8%».

«Incluso sumando todos los casos que han salido en los medios de comunicación, que se remontan a un período de 80 años, seguramente no pasan de mil», remachó Argüello.

La diferencia de tono y estilo entre Omella y Argüello demuestran que la forma de combatir los abusos divide a los obispos. El discurso del cardenal Omella el lunes, en el que pidió perdón por la «corrupción», las «incoherencias» y los escándalos en la Iglesia, expresa el sentir del cardenal, pero no del conjunto de los obispos, que tienen sensibilidades muy diferentes. Un grupo representativo de ellos se opone con vehemencia a cooperar con lo que consideran una campaña mediática contra la institución. Frente a ellos, los que comulgan más con el magisterio de Francisco apuestan por un cambio estratégico.

A la luz de las investigaciones llevadas a cabo en otros países, la proporción de religiosos implicados en estos casos oscila siempre entre el 3 y el 4%. Así lo pone de manifiesto Gemma Varona, investigadora del Instituto Vasco de Criminología de la Universidad del País Vasco (UPV) y que ha estudiado el asunto en colaboración con la Universidad de Barcelona y la UOC.

Fuente: Ideal

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