• 27 septiembre, 2022 8:40 am

Las luces y las sombras del negocio de los centros de menores en España

El escándalo por la red de prostitución en la que participaban varias menores tuteladas por la Comunidad ha puesto de manifiesto las grietas en un sistema que debe auxiliar a las adolescentes, pero que las está dejando desprotegidas. ¿Qué está pasando en los centros de menores de la región?

En la actualidad, en la Comunidad de Madrid viven 3.714 menores con medidas de protección, según los datos de la Consejería de Familia, Juventud y Política Social. De todos ellos, hay 2.263 (60%) que residen en acogimiento familiar y los otros 1.451 (40%) viven en alguno de los 102 centros de la red de protección, que cuenta con un total de 1.880 plazas.

Para que un menor ingrese en uno de estos centros se tiene que encontrar en una situación de riesgo o de desamparo. En estos casos, la Comisión de Tutela del Menor suspende la patria potestad de los padres, por lo que es la Administración quien asume la tutela del pequeño. Además, existe la modalidad de la guarda cuando los progenitores no pueden hacerse cargo de sus hijos y piden a la Administración que ejerza de cuidadora durante un tiempo determinado.

Los menores pasan entonces a alojarse en los alojamientos de la Comunidad, donde existen diversas modalidades: centros de primera acogida para los procedimientos de urgencia; centros de primera infancia para los niños de 0 a 6 años; residencias para menores de 3 a 18 años; hogares o grupos organizados para que se asemejen a un entorno familiar y pisos para adolescentes.

Algunos de estos centros son de titularidad pública y otros están gestionados por empresas privadas y por ONG como Aldeas Infantiles, Fundación Anar, Calasanz, Cáritas, Nuevo Futuro, Grupo Norte, Diagrama, Consulting Asistencial o Trama. Esta situación provoca que exista una gran disparidad en cuanto a su funcionamiento: desde centros modélicos donde los menores son atendidos a la perfección hasta otros que acumulan numerosas quejas.

Los centros más conflictivos son el de Hortaleza y el de Picón del Jarama en Paracuellos, precisamente dos de los lugares donde residían las menores obligadas a prostituirse. «Me fugué dos veces. Me trataban fatal. Ahí dentro me sentía como una mierda», relata una joven que estuvo internada en Picón del Jarama, especializado en menores con trastornos de comportamiento y gestionado por la Fundación Grupo Norte.

Esta residencia recibió duras críticas en un informe que realizó el Defensor del Pueblo en 2009 por encerrar a los chavales 72 horas en salas de castigo. En esta ocasión fue la dirección de este centro la que denunció la mafia de menores a las autoridades. A juicio de Miguel Ángel Martín, ex director de dos centros de menores, el modelo hace aguas y es necesario hacer reformas urgentes. «Llevamos 20 años estancados y en pleno retroceso», asevera.

Este educador social critica que se suprimiese el programa de vida independiente, en el que participaban más de 100 adolescentes a los que se les iba preparando para emanciparse. También censura que se hayan reducido al máximo los educadores de calle y los de familia, que son los que trabajan para prevenir que los jóvenes acaben en manos de la Administración. «Se ha apostado por los macrocentros saturados con pocos recursos y un personal en malas condiciones laborales. Se están utilizando recursos tardo-franquistas y muchos jóvenes no se adaptan a estas instituciones», declara Martín.

Gestión privada

Otro de los problemas que denuncian los expertos es el haber dejado la gestión de estos centros en manos de empresas. «Hay demasiado negocio. El problema es que se han privatizado determinados servicios a compañías que se dedican a reducir costes y a obtener el mayor beneficio posible. Los menores se han convertido en un negocio para algunas empresas que se disfrazan de ONG», critica Victoriano Fernández, presidente de la Asociación de Familias para la Sociedad del s. XXI.

La Comunidad de Madrid invierte en torno a 4.000 euros al mes en recursos para atender a cada menor tutelado, una cifra que puede variar en función de las necesidades de cada joven. Éste fue uno de los argumentos esgrimidos por Vox durante la pasada campaña electoral para denunciar el elevado gasto que suponían los menas. Sin embargo, el 70% de los menores que se encuentran en los centros son españoles frente a un 30% de extranjeros. Precisamente, a raíz de las críticas de Vox, surgió la asociación Somos Acogida para apoyar a estos menores. Su presidenta, Emilia Lozano, reprueba la grave situación en la que se encuentra el centro de primera acogida de Hortaleza. «Es como un pequeño campo de concentración. Un horror. No entiendo cómo desde la Comunidad de Madrid se consiente que esté funcionando como lo está haciendo», censura.

Según su testimonio, los jóvenes no pueden tener móviles ni llevar su propia ropa y son agredidos por los vigilantes si cometen alguna infracción. «Nos han entregado grabaciones escalofriantes de cómo les pegaban. Si el vigilante les pilla cogiendo el móvil, les da un porrazo», alega Lozano. Este centro ha registrado numerosos incidentes: peleas, robos, palizas de los menores a uno de los vigilantes e incluso llegó a aparecer una granada lanzada desde la calle.

Ante esta situación, los expertos insisten en trabajar en la prevención para que no «se separe a los niños de su familia por una situación de pobreza». Almudena Escorial, responsable de Incidencia Política de la Plataforma de Infancia, sostiene que si se apoyase más a las familias se evitarían muchas tutelas innecesarias y critica que en cuanto el menor entra en los centros no se haga el esfuerzo suficiente para que se vuelva a reintegrar con sus parientes.

Fuente: El Mundo

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