Un total de 10 personas son los acusadas por la Fiscalía de Álava por supuestos delitos de corrupción, abuso sexual o exhibición de pornografía ante menores de edad tutelados por la Diputación Foral alavesa, para los que pide más de un total de cien años de cárcel. El caso vio la luz en 2016 y, al parecer, los encausados pagaban a menores del centro foral Sansoheta, ubicado en Vitoria, a cambio de mantener relaciones sexuales.

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El ministerio público ha informado de que ha presentado ante la Audiencia Provincial escrito de acusación contra una decena de personas por delitos de corrupción de menores, abuso sexual, exhibición de pornografía antes menores de edad y delitos contra la salud pública. La solicitud global de penas privativas de libertad formulada supera los cien años.

La Fiscalía afirma que todos estos presuntos delitos fueron cometidos sobre menores de edad sometidos, en el momento de los hechos, a la tutela de la Diputación Foral de Álava. El ministerio público no ha querido revelar más datos sobre el caso, dada «la gravedad de los hechos y que se trata de víctimas extremadamente vulnerables».

El Juzgado de Instrucción número 2 de Vitoria concluyó el pasado mes de marzo el sumario por un presunto caso de corrupción de menores cometido en 2016 contra jóvenes bajo tutela de la Diputación Foral de Álava, un expediente que fue remitido a la Audiencia Provincial, encargada de juzgar la causa.

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En noviembre de 2016 se incoaron diligencias para investigar hechos constitutivos presuntamente de delitos contra la libertad sexual, corrupción de menores, contra la salud pública, y de tenencia y distribución de pornografía. Estos supuestos delitos habrían sido cometidos por un grupo de personas que, al parecer, pagaban a menores del centro foral Sansoheta, ubicado en Vitoria, a cambio de mantener relaciones sexuales.

La actual consejera de Igualdad del Gobierno Vasco, Beatriz Artolazabal, que en 2016 era diputada foral de Servicios Sociales de Álava, informó días después de conocerse lo ocurrido de que al menos cinco menores tuteladas por la Diputación, con edades entre los 14 y 17 años, podrían haber sido explotadas sexualmente.

Fuente: Nius Diario

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