• 19 mayo, 2022 10:52 pm

La Comunidad de Madrid conocía desde agosto la investigación policial sobre prostitución de menores tuteladas

El informe policial remitido a la Dirección General de Infancia y Familia sobre la investigación por el primer caso de prostitución a una menor se produjo a los pocos días de que la directora de un centro de protección de la Comunidad de Madrid denunciase ante la Guardia Civil la violación a otra menor tutelada de la misma residencia

La Fiscalía Provincial de Madrid reenvió a la Comunidad de Madrid a finales del pasado mes de agosto un documento de la Policía Nacional en el que se informaba de una «investigación activa del grupo XXII de la Brigada de Policía Judicial» tras el primer caso de de una menor, tutelada por la Comunidad de Madrid, que estaba siendo prostituida por su padre con drogodependientes en narcopisos a cambio de drogas y dinero en el sur de la capital. El atestado fue mandado desde la sección de protección de menores de la Fiscalía a la Dirección General de la Infancia, Familia y Natalidad dependiente de la Consejería de Políticas Sociales de Comunidad de Madrid. En el documento se facilitaba información de las indagaciones policiales sobre la menor y su entorno, se indicaba que estaba tutelada por la Comunidad de Madrid y que se había fugado varias veces de centros de protección, por lo que la Policía Nacional pedía que se adoptaran medidas desde las instituciones públicas para cuidar a la adolescente.

A los tres días, el pasado 1 de septiembre de 2021, la directora de un centro de protección de menores de la Comunidad de Madrid denunció, ante la Guardia Civil y por recomendación de la Policía Nacional, que otra menor, también tutelada en su recinto, había sido encerrada dos días en un narcopiso de Usera y violada durante dos días por un hombre dominicano tras consumir cocaína. La adolescente consiguió escapar, pedir auxilio y fue atendida por la Policía Nacional en la calle que la trasladó a un hospital. La víctima, de 15 años, no se atrevió a delatar a sus captores ante los agentes por miedo a represalias aunque horas más tarde si confiesa a los médicos que ha sido agredida sexualmente y los facultativos son los que alertan a la directora del centro al conocer que está tutelada por la Comunidad de Madrid. Una semana después se averigua que las dos menores de 15 años eran amigas y habían pasado por el mismo centro de protección, dependiente del Gobierno regional.

Es decir, en pocos días la Consejería de Política Social supuestamente debería haber conocido dos casos de menores tuteladas por la Comunidad de Madrid y víctimas de agresión sexual muy cercanos en el tiempo y con muchas similitudes.

La Policía Nacional si investigó ambos hechos cometidos sobre menores del mismo centro que fueron el detonante de la macrooperación que concluyó el pasado mes de noviembre con la detención de 37 personas que integraban una trama de explotación sexual para atraer a chicas en situación de extrema vulnerabilidad con el fin de abusar de ellas, prostituirlas y utilizarlas para la venta de drogas. Al menos tres estaban tuteladas por la Comunidad de Madrid y otra por la Comunidad de Castilla La Mancha aunque la Delegación de Gobierno de Madrid asegura que son cinco las menores que residían en centros de la Comunidad de Madrid.

Desde la Consejería de Políticas Sociales señalaban ayer a este diario que seguían sin conocer detalles de la operación policial, remitiéndose a las palabras de la consejera de Familia, Juventud y Política Social de la Comunidad de Madrid, Concepción Dancausa. Ella mantiene que la Policía Nacional no les avisó de la investigación sobre el caso (de las menores tuteladas por el Gobierno regional que fueron prostituidas por una red de proxenetas) y que desde el momento en que se destapó están ayudando a los agentes, la Fiscalía y la Justicia. «Nuestra colaboración no solo es en esta investigación, sino que lo hacemos en todo momento desde los centros de protección. Cuando hay algo constitutivo de delito, presentamos una denuncia», afirmó.

El informe policial reenviado a finales de agosto desde la Fiscalía a la Dirección General de Infancia y Familia indicaba que tras averiguar que una menor «pudiera estar siendo prostituida», se han iniciado diligencias policiales en el grupo de la Brigada de Policía Judicial especializado en la investigación y persecución de este tipo de delitos.

En el documento policial del pasado 23 de agosto de 2021 se indica, además, que esta menor ha contado en el centro de protección, del que se escapa con asiduidad, que había sido vendida por su padre a cambio de cocaína y que mantenía relaciones sexuales con amigos de su progenitor. Añade el informe que la menor fue derivada a un centro de menores especializado en deshabituación de drogas del que se volvió a escapar «siendo localizada en zonas dedicadas al ejercicio de la prostitución y al tráfico y consumo de estupefacientes». Ante estos indicios, la Policía Nacional reclama en la nota a la Fiscalía de Menores «medidas de seguridad propias para proceder al ingreso de la menor en un centro de régimen cerrado». «Queda este grupo de investigación a disposición de V. I., al objeto de ampliar la información necesaria o para la práctica de diligencias», añade el documento remitido luego a la Comunidad y al que ha tenido acceso GRAN MADRID.

A finales de agosto, la Fiscalía contestó a la Policía indicando que se había «dado trasladado del mismo escrito a la Dirección General de Familia, Infancia y Natalidad», un organismo competente, entre otras cosas, en materia de protección de menores y dependiente de la Consejería de Política Social de la Comunidad de Madrid.

Poco después, el 1 de septiembre, es cuando la directora del centro de protección de menores de la Comunidad de Madrid denunció ante la Guardia Civil la violación de otra menor tutelada en su recinto del que se había escapado recientemente. Esta menor fue encerrada en un piso de San Cristóbal, en Villaverde, que disponía de cámaras de videovigilancia. Cuando era atendida en un hospital de la agresión sexual esta menor contó que fue encerrada en un piso donde le ofrecieron drogas. Añadió que un varón dominicano la había violado sin preservativo impidiendo que pudiese pedir auxilio tapando su boca con una almohada. Esta menor y su compañera del mismo centro de protección de la Comunidad de Madrid se han convertido en testigos protegidos y su testimonio ha sido clave para poder desenmascarar la trama de explotación sexual a niñas en Madrid, al menos cuatro de ellas tuteladas por la Comunidad de Madrid.

Pese a todo, el Gobierno regional sigue insistiendo que no sabía nada de la investigación policial de esta chica de 15 años y de otras que eran prostituidas y obligadas a consumir y transportar droga y que acabó con el desmantelamiento del grupo organizado para explotar a las menores que contaba con una clara distribución de funciones y que captaba a menores para acudir con ellas a fiestas, fumaderos y lugares frecuentados por dominicanos, alguno de ellos vinculados a la banda latina de los Dominican Don’t Play.

En algunos casos, las obligaban a distribuir ellas mismas la droga a bordo de patinetes y, tras la entrega, eran agredidas sexualmente por los propios consumidores. En otras ocasiones, los detenidos las trasladaban a un conocido polígono de la capital donde ofrecían a los compradores del estupefaciente mantener relaciones sexuales con ellas.

Asimismo, uno de los capturados prostituyó a su hija menor de edad y la hizo una fiesta para celebrar los 18 años. Grabaron la fiesta y mostraban las fotos de la misma a los clientes para convencerles de que se trataba de una mujer mayor de edad. Otro vendió a su hija de 13 años a un dominicano a cambio de dos bolsas de cocaína.

Otro de los arrestados es el youtuber y cantante de rap Saymol Fyly, ciudadano dominicano de 21 años, que tiene 154.000 subscriptores en esta red social en la que ha publicado contenido hasta el pasado 28 de diciembre. Saymol sería supuestamente utilizado por la banda para atraer a las chicas, según las pesquisas judiciales. Varias de las víctimas de la trama le han identificado en varios de los pisos donde se prostituían a menores.

La mayoría de los detenidos en está operación policial están acusados de corrupción de menores, delitos de abuso sexual sobre menores, detención ilegal, delito contra la salud pública y de inducción al abandono de la familia.

La Policía explicó que a muchas de estas jóvenes las captaban en centros de menores y las enganchaban a sustancias como a la cocaína y al crack. Primero las convertían en traficantes y una vez que su grado de dependencia era ya muy alto, las prostituían. Los agentes siguen investigando si hay más menores víctimas de la trama y sostiene que todos los casos de abusos y tráfico de droga son ajenos a los centros de la Comunidad de Madrid.

La Consejera de Política Social, Concepción Dancausa, recordó que se han personado en la causa judicial como acusación particular y que ya ha solicitado comparecer a petición propia en la Asamblea de Madrid para «explicar cuál es la razón de la Comunidad sobre las niñas que parece que están en la investigación policial», algo que seguramente hará en febrero.

No obstante, Dancausa ha pedido a los medios y políticos que traten este asunto «con mucho cuidado«. «Son menores, se están hablando de sus vidas y algunas son testigos protegidos. Nosotros tenemos que ser muy cuidadosos porque tenemos el cuidado, la guarda y la tutela de estas chicas y, por tanto, vamos a ser extremadamente cuidadosos en los datos que vamos a dar. Y voy a pedir que todo el mundo lo sea porque si no lo que vamos a conseguir es perjudicarlas», apostilló. Además, la Comunidad asegura que colabora activamente con la Policía Nacional en todo los casos de menores que han podido ser víctima de cualquier tipo de delito.

Fuente: El Mundo

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