Desde las asociaciones vecinales citadas, se pide la correcta estructuración familiar en España y el desarrollo asistido de los menores en España. Mediante un comunicado han querido exponer la mala situación que sufren estos durante el proceso de tutela y despojo de su familia. Aseguran que todo el proceso de «quitar un hijo a sus progenitores para entregarlo en acogida» se trata de un acto de comercialización de los menores. Como solución ofrecen la dotación de ayudas a las familias de origen, mediante psicólogos y psiquiatras especializados.

Ya en 2019, las asociaciones contra la infancia robada elaboraron un informe con las necesidades y problemas de la situación de las familias españolas para presentarlo al Comisionado contra la pobreza infantil, Pau Klose. En él, figuran exigencias como la revisión de la Ley 8/2015, estudio de casos abiertos, uso de guardia voluntaria, plan de vuelta a casa de los tutelados, desprivatización de los servicios sociales, red de atención a familias, atención al ocio creativo, así como la escucha a organismos civiles. Denuncian ahora una reunión en la que revisarlos y aplicarlos.

Así, exigen que los llamados puntos de encuentros sirvan como espacios para conciliar y ayudar a las familias. Denuncian que los servicios de trabajadores sociales están «externizados» y se tratan de empresas privadas «que se esconden bajo las siglas ONG y son buitres que cobran una millonada por dilatar los procesos». Los vecinos explican que no les importa «el desarraigo y el daño que hacen a los menores».

AVCV, Infancias Robadas y Familia Siglo XXI defienden la llamada Ley de dependencia, que afirman se redactó para acabar con el abuso de los menores con dependencia. Califican de «intolerable e inhumano» el proceso por el que el progenitor se vea privado de su hijo como un arma de represalia por denunciar una dependencia de este. Además, exponen que el expediente de desamparo provisional, expedido cuando «se arranca a un niño de su familia», no cuenta la realidad. Se trata de un «leso informe» que a veces no llega a las familias y que permite a un juez cerrar el proceso para entregar al menor a una casa de acogida.

Los servicios sociales, una herramienta de conciliación

El órgano de los servicios sociales en España tiene la labor de asistencia y apoyo a las familias golpeadas por diferentes conflictos y circunstancias. Se trata de un lugar conformado por profesionales en el campo para dar salida a los problemas intrafamiliares. Las asociaciones vecinales explican que en una sociedad democrática e igualitaria no se puede permitir la etiqueta a los ciudadanos por su situación social, además de la utilización de los menores como «un número en la cuenta corriente de las empresas que tienen adjudicados estos servicios». Califican la situación de «obscena», pues deja a las familias «destrozadas» y desamparadas.

Fuente: La Hora Digital

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