Entre otros aspectos, extiende desde los 18 hasta los 35 años la edad del menor en la que prescriben los delitos, establece una única declaración ante el juez para los menores de 14 años y los discapacitados, endurece las condiciones carcelarias de los condenados por agresión y obliga a todas las instituciones, en especial a los centros educativos, a denunciar inmediatamente cualquier indicio de violencia contra niños o adolescentes.
Organismos y asociaciones protectoras de menores han celebrado la aprobación de la ley:
«Es un texto que va a poner a España a la vanguardia de protección de la infancia en todo el mundo».
Sin embargo, hay quien denuncia que en algunos aspectos, como la retirada de la custodia de sus hijos a algunas familias, la normativa tiene muchos flecos y las deja sin posibilidad de defensa ante la Justicia:
«Esto se hace todo por la vía estrictamente administrativa. Aquí no intervienen para nada ni jueces ni fiscales ni abogados, nada. Lo hace la administración, técnicos de la administración de cada comunidad autónoma, porque las competencias están transferidas a las comunidades autónomas, y ellos deciden cuando un menor está en una situación de riesgo y cuando no. El derecho de defensa de esas familias o de esos menores delante de decisiones que consideran injustas o desproporcionadas no existe. Estamos delante de la administración. Estamos delante de un guardia o un policía que nos está poniendo una multa de tráfico. Es el mismo nivel jurídico. Con una diferencia, porque yo, con una multa de tráfico si no estoy de acuerdo no la pago y recurro. Voy a juicio. Si pierdo pago. Pero de momento no la pago. En cambio aquí no. Aquí actúa la administración desde el primer momento y hace y deshace», explica Francisco Cárdenas, presidente de la Asociación para la Defensa del Menor, APRODEME.
Desde la Asociación para la Defensa del Menor se critica el elevado coste que suponen los centros de acogida, un dinero que, afirman, mejoraría la situación económica de muchas familias afectadas que han visto como les retiraban la custodia de sus hijos debido en buena parte a su precariedad económica.
Fuente: Euro News