La puerta del cementerio de Pereiró, en Vigo, amaneció el martes bloqueada por la Policía Nacional ante la inminencia de la exhumación del cuerpo de Déborah Fernández-Cervera, solicitado por la familia de la joven fallecida en 2002 y autorizado por la justicia el pasado 5 de mayo. A las 12 del mediodía, como estaba previsto, se llevó a cabo la exhumación de los restos mortales de Déborah, y una hora después partían hacia el Vigo Memorial para empezar con el examen, después serán trasladados al Hospital Meixoeiro y de ahí al Nicolás Peña.

“Es un día muy duro para toda nuestra familia. Tener que vernos en la obligación de levantar el cuerpo de mi hermana 19 años más tarde es un proceso arduo”, ha confesado a las puertas del cementerio Rosa, hermana de Déborah. Ella, su hermano y la madre de ambos estuvieron presentes durante un proceso que podría ser clave para resolver un caso que lleva enquistado 19 años y al que le queda menos de uno para prescribir.

Junto a la familia estuvieron sus abogados, Ramón e Ignacio Pérez Amoedo, el criminólogo Óscar Tarruella y el perito forense Héctor Curiel, contratados por la familia y que sostienen que la muerte de Déborah es producto de un asesinato; además de la comisión judicial, con dos forenses, y la letrada de la Administración de Justicia. El féretro, según los forenses, está bastante bien conservado, otra cosa será cómo se encuentren los restos mortales de Déborah tras todo este tiempo.

Se trata de “buscar ADN bajo uñas o fracturas, porque en su día no se hicieron radiografías más allá del cuello”, ha explicado Ignacio Amoedo, que ha mostrado su esperanza de que pueda ser así a pesar de los años transcurridos porque “la ciencia forense ha avanzado tanto que se puede”, pero ha explicado que “primero hay que encontrar las uñas”.

Para ello, los profesionales llevarán a cabo “un estudio muy minucioso a todos los niveles”, ha explicado por su parte el criminólogo y expolicía de homicidios Óscar Tarruella, esperanzado con la posibilidad de que “los restos se encuentren en un estado que nos permita realizar el examen tanto a nivel biológico como antropológico forense, y junto con otras piezas del puzle que tenemos ahora ya para poder dar caza al asesino de Déborah”.

Según Tarruella, muestras que se recogieron en su día podrán ser cotejadas ahora gracias a la exhumación del cuerpo, por lo que avisa: “Estamos cerca y yo, de esa persona de la cual ha sospechado la Policía todos estos años, no estaría tan tranquilo. Yo no estaría tranquilo si fuera él”, ha dicho a las puertas del cementerio. Las sospechas policiales nunca se han concretado en imputación alguna, paso necesario para que el caso no prescriba en el plazo marcado: el 10 de mayo de 2022.

Errores en un caso «chapuza» y «disparate»

Insisten los representantes legales de la familia de Déborah en que todo lo que rodea la investigación de este caso ha sido “una chapuza”. “Nos queda esa rabia incontenida de que esto esté ocurriendo en el año 2021 cuando tenía que haber ocurrido en el 2002. Lógicamente, si la autoridad judicial ha aprobado la exhumación es porque entiende que no se han hecho cosas y que puede haber algún resultado”, ha añadido Amoedo, quien ha señalado que con la exhumación “queda acreditado que se ha hecho algo mal”, aunque querrían saber “quién lo ha hecho mal y por qué lo hizo mal”.

En todo caso, y pase lo que pase, Amoedo tiene claro que en el caso hay “una acción de responsabilidad patrimonial por un deficiente funcionamiento de la Administración de la Justicia”, una “valoración personal” que considera “de libro” porque en la instrucción se han cometido “errores tan evidentes que son incontables”, por lo que habla de que todo ha sido un “un disparate”.

Para arrojar luz sobre el caso, los peritos forenses de Lazarus Technology han pasado por el Juzgado de Tui (Pontevedra) que lleva el caso para llevarse un disco duro que se quemó y del que esperan lograr extraer información útil para saber qué pasó exactamente el 30 de abril de 2002, fecha en la que Déborah salió a correr para nunca volver a casa. “Lazarus Technology son los mejores forenses informáticos de nuestro país y realmente estamos seguros de que van a recuperar la información”, ha dicho Tarruellas. Se desconoce cuándo obtendrán los forenses informáticos resultados de su análisis; en cuanto a la información que arroje el estudio de los restos de Déborah no se conocerá al menos hasta que pasen tres o cuatro días, aseguran las mismas fuentes.

Sin culpables

Déborah Fernández-Cervera salió a correr por la playa de Samil hace 19 años, cuando tenía apenas 21, y nunca regresó a casa; su cuerpo desnudo fue hallado 10 días después en una cuneta a 45 kilómetros de donde fue vista por última vez. La autopsia señaló como causa del fallecimiento la asfixia, sin concretar si pudo ser provocada, pues no se apreciaron lesiones ni indicios de estrangulamiento en el cadáver, y también apuntó a la posibilidad, aunque remota, de una muerte súbita. La familia siempre cuestionó esta posibilidad y contrató un informe médico legal pericial que determinó “con una certeza moral, matemática y jurídica” que “estamos ante una muerte violenta de etiología médico-legal homicida por anoxia anóxica”.

Entre los detalles más llamativos del caso, está la escena del crimen. Tal y como describieron en su día los agentes que fueron llamados por el vecino que encontró el cuerpo de la joven, parecía un escenario «ficticio», ya que el cadáver fue colocado entre unos matorrales a un lado de una cuneta, perfectamente dispuesto, como con mimo, a modo de “posado”, aseguró el comisario que estuvo al frente de la investigación. Junto al cuerpo, había otro detalle que parecía definitivo: un preservativo. En él hallaron restos de semen, pero al contrastarlo con el de algunos de los sospechosos, entre ellos el exnovio de Fernández, no hubo coincidencias.

Dicho informe excluye que la causa de la muerte haya sido por muerte súbita y explica que existían en el cuerpo de Déborah diferentes lesiones traumáticas vitales, lo que denota que se defendió de la agresión que estaba sufriendo y que acabó con su vida, que es lo que se tratará de determinar con la exhumación del cuerpo de la joven solicitado por la familia. “Parece mentira que tengamos que vender nuestra piel al diablo para conseguir justicia”, ha subrayado Rosa, hermana de Déborah, tras la exhumación.

Aunque el caso se cerró, en noviembre de 2019 el Juzgado de Instrucción número 2 de Tui acordó su reapertura para proceder a la práctica de nuevas actuaciones. Desde entonces, varias personas han prestado declaración en el marco de esta causa.

Fuente: El Confidencial

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