La detención por denuncia de abuso sexual de la monja María Telles Fajardo, del hogar de las Hermanas Trinitarias de la localidad bonaerense de Boulogne, confirma que la corrupción de menores en ámbitos de la Iglesia Católica no es sólo por acción de sacerdotes varones. El nuevo escándalo se produjo cuando otras dos religiosas están siendo juzgadas por delitos aberrantes con niños y niñas hipoacúsicos, en el segundo juicio oral por abusos en el Instituto Próvolo de Mendoza. En el debate hay otras siete imputadas. Son mujeres laicas que ejercían cargos directivos o eran empleadas del lugar.

Los casos de monjas acusadas por abusos sexuales o malos tratos tienen otros antecedentes en Argentina y llama la atención que los hechos en Mendoza y Boulogne, hayan ocurrido en hogares para niños y niñas vulnerables que pertenecen a instituciones de larga trayectoria que tienen sus sedes centrales en Europa, en Italia el Próvolo y en España las Hermanas Trinitarias.

La causa en la que fue detenida la monja Telles Fajardo generó una controversia entre las autoridades del hogar y el Obispado de San Isidro. Las responsables del hogar rechazaron la acusación y expresaron su “apoyo incondicional a la hermana Marina”, como se la conoce a Telles Fajardo. En cambio, el Obispado reveló que en octubre del año pasado había recibido una denuncia similar contra otra monja de esa institución. El caso anterior no fue investigado convenientemente por la dirección del hogar, pero también llegó a la Justicia.

Sor Marina, como se la conoce a la monja detenida, tiene 64 años y pertenece a la Orden de las Hermanas Trinitarias, una congregación centenaria, fundada en España por Francisco de Asís Méndez Casariego. En Argentina, tiene hogares en Núñez, San Miguel y Boulogne. Allí se alojan chicas menores de edad que están bajo medidas de abrigo, bajo la tutela de Juzgados de Familia.

Sor Marina está acusada por el “abuso sexual” de una chica de 14 años a la que se le tomó declaración testimonial en Cámara Gesell. Refirió que la religiosa “la tocó en sus partes íntimas en reiteradas ocasiones, con la ropa puesta” y que también la espiaba cuando estaba desnuda bañándose. Dijo que el acoso ocurrió durante todo el año pasado, hasta el presente. Los datos que aportó fueron “precisos y detallados”.

En la indagatoria, la acusada estimó que se trata de “un malentendido” y que “los roces” se habrían producido en la cocina del hogar, en la cual la monja se desempeñaba como “encargada”, mientras que la adolescente concurría a menudo “porque le gustaba cocinar”, según dijo la imputada.

En el allanamiento que se hizo en el hogar, se comprobó que la cocina es un ambiente “muy amplio”, de más de ocho metros de largo, lo que disminuye la posibilidad de “roces” involuntarios por falta de espacio.

La investigación está a cargo de la Unidad Funcional de Investigaciones (UFI) Especializada en Delitos Conexos a la Trata de Personas de San Isidro, a cargo de Marcelo Fuenzalida. La denuncia judicial fue hecha, el 21 de abril, por María Soledad Molina, abogada especializada en derechos del niño de San Isidro. Fuentes de la investigación señalaron que Molina, al principio, tuvo dificultades para comunicarse con la víctima, por la mala predisposición de las responsables del hogar.

Las fuentes consultadas por Página/12 señalaron que la primera denuncia de la adolescente fue ante la psicóloga del hogar, quien tuvo que renunciar luego de comentarle el hecho a la directora del establecimiento. La titular del hogar se reunió luego con la denunciante para decirle que “esas cosas solo pueden ser juzgadas por Dios, no por la Justicia terrenal”.

Como ocurrió en ocasiones anteriores cuando hay una denuncia por abuso en contra de un religioso o religiosa, en el hogar de Boulogne se produjeron traslados a otras dependencias, tanto de la directora como de la imputada, que fue detenida en el hogar de San Miguel, donde la habían trasladado. Lo mismo ocurrió luego de las primeras denuncias por abuso sexual contra el cura Julio César Grassi, quien hoy cumple una condena a 15 años de cárcel por abuso de menores que estaban a su cargo en la Fundación Felices los Niños.

La monja detenida está imputada por “abuso sexual simple agravado por haber sido cometido por el culto religioso y por ser una persona encargada de la guarda de las menores, aprovechando su relación de autoridad y que la víctima no haya podido consentir libremente dicho accionar”. El abogado defensor de la monja detenida es Manuel Beccar Varela, el mismo que hasta hace una semana estaba imputado por el “homicidio culposo” de Tamara Suetta, a quien atropelló con su lancha, en el Delta del Tigre, cuando conducía alcoholizado y a contramano en una curva del río Carapachay.

La controversia

Después de la detención de Sor Marina, las autoridades del hogar de Boulogne, dieron a conocer un comunicado “ante las noticias públicas” sobre “una denuncia por un supuesto abuso sexual”. En la declaración pública manifestaron su “apoyo incondicional a la hermana Marina”. Luego resaltaron “el perjuicio irreparable que (…) se está generando en una congregación centenaria que ayuda denodadamente a jóvenes en todo el mundo”. Expresaron que confían “en Dios y en la Justicia argentina” para que “todo se aclare”.

Por su parte, el Obispado de San Isidro, en otro comunicado, reveló que “en el mes de octubre del año pasado, se toma conocimiento de un/a menor que denuncia en la Justicia un presunto abuso por parte de una religiosa que vivía y trabajaba en el hogar” de la Comunidad de las Hermanas Trinitarias. Ante esa situación, se pidió a las autoridades de la Congregación que iniciaran “la investigación canónica correspondiente”, pero “al percibir una demora en el inicio de la actuación por parte de la mencionada Congregación, el Obispado decidió de oficio comenzar el proceso”.

Ese caso anterior fue enviado a la Unidad Fiscal de Investigaciones (UFI) de Violencia de Género de San Isidro, dirigida por Laura Zysind. Luego de la detención de “una de las hermanas denunciadas”, el Obispado de San Isidro comprometió “la continuidad del proceso canónico” y se puso “a disposición de la Justicia”, a la vez que ofreció “los organismos propios de Protección de Menores para contener y acompañar a quienes se encuentren en grave situación de vulnerabilidad”.

Fuente: Página 12

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