• 7 diciembre, 2022 10:13 am

Empleados del centro de menas Puerto Rico en Gran Canaria denuncian trato vejatorio, abusos y venta de drogas por parte de sus compañeros

La denuncia anónima remitida por trabajadores de un centro de menores improvisado en un complejo de apartamentos de Gran Canaria no solamente delata el comportamiento violento entre internos, la existencia de adultos que se han hecho pasar por menas o hechos tan graves como abusos sexuales o prostitución. Los trabajadores también han señalado a sus compañeros en la gestión del citado centro como responsables del lamentable trato que presuntamente sufren estos menores a manos de los que deberían ser sus cuidadores.

Los trabajadores denunciantes aseguran que los menores han venido siendo víctimas de situaciones física y verbal injustificadas por parte de “algunos empleados” del centro: contenciones físicas desproporcionadas inmovilizando a menores usando la rodilla contra el cuello de los menas en el suelo, estrangulaciones desnudas, usando el antebrazo directamente contra el cuello del interno, ruidosos golpes intimidatorios, insultos por motivo de su raza, edad, apariencia u orientación sexual, uso de linternas, gritos o incluso agua para despertar a los menas en plena noche. Es importante recordar que la denuncia no cuenta con los testimonios de los internos, sino que son algunos de los propios trabajadores denunciantes quienes la respaldan.

A la luz de los descrito, la protección que el Estado asegura conceder a los menores no acompañados más que deficitaria parece un presunto maltrato en toda regla.

En las áreas médica y de higiene las cosas no son mucho mejor según los denunciantes. Los trabajadores denuncian que pese a que los menas han practicado sexo de riesgo desde que están en el centro, desde la dirección no se ha accedido a facilitarles pruebas diagnósticas de enfermedades de transmisión sexual y meses después no existe un protocolo Covid ni lugares de confinamiento para positivos.

El centro de apartamentos de Puerto Rico (Gran Canaria) lamentablemente fue muy conocido por un motín en el que se pudo ver a centenares de menas golpeándose entre ellos y destrozando las estancias del complejo hotelero. Pues bien, cuando la situación se calmó los trabajadores aseguran que las deficiencias que surgieron tras aquellos altercados no sólo no llegaron a resolverse, sino que a día de hoy allí siguen sin que la dirección del centro las subsane: “Habitaciones con más del doble de su ocupación, cortes continuos del sistema eléctrico, electrodomésticos con los cables pelados enchufados directamente a la red eléctrica, averías continuas en el sistema de calentamiento del agua corriente, obligando a los menores a ducharse con agua fría a diario, número de mantas y prendas insuficiente para todos los menores, llegando algunos menores a tener una sola muda durante semanas o a andar descalzos todo el día y falta de productos de higiene (gel, champú, desodorante, pasta de dientes, cepillos etc.)”.

El déficit denunciado por estos trabajadores también afecta a los menores en su educación, ya que si el Estado asume la tutela de los menas entre otras cosas lo que debe garantizarles es el acceso a la alfabetización básica para desenvolverse en nuestro país.

Indiferencia institucional

Pero es que lo que cuentan en la carta a la que ha tenido acceso OKDIARIO va mucho más allá de no cuidar e incluso de maltratar a los menas. Algunos trabajadores del centro han protagonizado, según sus propios compañeros, episodios como: “Personal que facilita tabaco a los menores e incluso fuma con ellos en el interior de las habitaciones. Múltiples indicios y testimonios (tanto de personal como de menores) sobre venta de sustancias estupefacientes a los menores por parte de algunos trabajadores. Consumo de sustancias estupefacientes por parte de empleados en horario laboral. Comunicación a través de redes sociales entre trabajadores/as y menores. Fomento de malas conductas y conductas de consumo. Se han producido robos del dinero de los menores al cual solo el personal tiene acceso”.

Este diario ha contactado con fuentes conocedoras de esta denuncia y aseguran que no fue hasta el pasado jueves día 17 de junio cuando la Fiscalía ordenó a la Guardia Civil comenzar a investigar la denuncia. Lo peor de esto es que los trabajadores aportan un correo electrónico en el que contaron todos estos datos a la Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia en varias ocasiones en los últimos meses. La última de esas comunicaciones se produjo el 31 de mayo. Ante la falta de respuesta el 10 de junio escribieron al Ayuntamiento de Mogán.

La Fiscalía ya tiene dos asuntos que investigar: qué hay de cierto es la denuncia de estos trabajadores y por qué el Gobierno de Canarias a través de su Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia no lo puso en su conocimiento en cuanto recibió la primera comunicación de quienes lo denuncian. Los denunciantes ya han sacado sus propias conclusiones:

“Hemos intentado comunicarlo en diversas ocasiones tanto a la Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia, siendo la ultima ocasión el 31 de mayo, como a otras entidades sin obtener respuesta, por lo que lo seguiremos insistiendo y buscando otras plataformas que puedan propiciar la realización de una inspección por el bien de los menores, ya que la mayoría de sus derechos han sido vulnerados y pisoteados por una dirección ausente y negligente, cuyo propósito parece estar más centrado en establecer nuevos centros en la isla y expandir su campo de acción con sus correspondientes beneficios, teniendo esto como consecuencia el deterioro más que evidente tanto físico como psicológico que han sufrido los menores”.

Fuente: Ok Diario

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