A lo largo de los últimos cinco años, Marlene* ha tenido que ver y oír, de primera mano, las desgarradoras historias de menores migrantes que han sido sometidas a diferentes formas de explotación sexual, en varias de las ciudades que hacen vida a lo largo de la porosa frontera entre Colombia y Venezuela.

La mujer, quien pidió no revelar su identidad por estar vinculada a una fundación, aseguró que la “normalización de estos episodios” es lo que más la aterra, pues en esos territorios este tipo de sucesos ya no son “tomados en cuenta ni por las autoridades”.

El escenario deja en evidencia la vulnerabilidad a la que se enfrentan los menores que se ven envueltos  en el fenómeno de la movilidad humana en Colombia, donde los niños, niñas y adolescentes terminan quedando más expuestos a un sinnúmero de riesgos.

“Hemos tenido casos de niñas, incluso menores de 12 años, que llegan buscando ayuda para poder interrumpir sus embarazos. Estas menores, en su mayoría, son explotadas en las trochas y zonas de tolerancia de ciudades como Cúcuta y Maicao”, señaló la mujer, quien se desempeña como abogada.

Marlene relató que también ha habido casos de niñas que son referidas a la fundación por otras que “ni siquiera están menstruando”, cuyas edades oscilan entre los 7 y 10 años. 

Muchas de estas menores son “captadas” por casas webcam, donde llegan a cobrar entre $1.000 y $4.000 a quienes quieran tener sexo con las menores. Todos estos casos han sido puestos en conocimiento de las autoridades.

Marlene señaló que en varias de las citas las niñas llegan a los consultorios en busca de pastillas o métodos anticonceptivos para evitar quedar embarazadas.

“Muchas de ellas nos dicen que sus propias familias las han echado a la calle para que generen ingresos. A ellas les toca alimentar a sus familias. Son niñas que no tienen donde quejarse, donde reclamar”, dijo la mujer.

En zonas de Maicao fuentes judiciales le dijeron a este medio que hay varias familias que arriendan casas enteras, y sus condiciones de pago es que las niñas sostengan encuentros sexuales con los dueños de los inmuebles.

Esta situación también ha obligado a que varios de estas menores tengan que abandonar sus hogares. “En las consultas preguntamos a las niñas por el paradero de otras y nos dicen que se fueron de sus casas para otras ciudades, incluso para otros países”, señaló Marlene.

Otras señalaron que varias de sus amigas han desaparecido de forma misteriosa sin saber si fueron a otras zonas del país, si regresaron a Venezuela o si se encuentran retenidas por sus agresores.

Este medio conoció, de manera extraoficial, que al mes entre 40 y 60 menores caen en redes de explotación sexual, pues estas llegan por primera vez a esas zonas de fronteras donde son abordadas por estas mafias.

Otro de los fenómenos que han podido detectar las autoridades es el aumento de los matrimonios infantiles, especialmente de hombres colombianos con niñas migrantes venezolanas.

Esta situación estaría relacionado con que las menores llegan a las ciudades de frontera solas, es decir, sin el acompañamiento de un adulto. Ha habido casos en los que una menor de 12 años es “atrapada” por un hombre que la enamora y se la lleva a su casa para darle “protección en su casa”, lo que deriva en otra figura de explotación sexual y si se quiere de esclavitud, porque la menor, ya no solo debe sostener encuentros sexuales, sino que también tiene que realizar los deberes de la casa.

“Tenemos casos documentados en Villa del Rosario (Cúcuta) donde las niñas son vendidas por sus propias familias. Denunciamos los casos, y por ejemplo, la comisaría de familia lo que termina haciendo es devolviendo a la menor a su familia”, reveló la jurista.

Unas cifras

En Colombia, según Migración Colombia hay 1,8 millones de venezolanos desplazados, y el Gobierno reportó durante el años pasado un aumento en los casos de trata de personas, fenómeno que, según las autoridades, está relacionado con la llegada de personas del país fronterizo.

De acuerdo con la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Lina Arbeláez, a corte de julio, la entidad tenía el reporte de 284 denuncias relacionadas con algún tipo de vulneración a los derechos de los menores.

“El 35.8 % de esta cifra  es víctima de violencia sexual, 10 % trabajo infantil, 17 % negligencia  de los adultos y el 9 % menores en total abandono”, dijo Arbeláez a finales de agosto pasado en medio de un evento en el municipio de Villa del Rosario, Norte de Santander.

“Hemos realizado un plan integral con el que se ha evidenciado varios riesgos latentes. El primero, el incremento de la explotación sexual comercial; el segundo, la trata de personas contra niños y niñas con fines de explotación sexual, pero también con otros fines como la explotación laboral”, dijo la funcionaria.

Por otro lado, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Acnur y la Fundación Renacer señalaron que en el departamento de La Guajira se ha logrado identificar a unas 400 niñas, niños y adolescentes sobrevivientes y en riesgo de ser víctimas de violencia sexual y explotación sexual comercial desde 2019 a la fecha.

Las organizaciones explican que, en contextos de movimientos mixtos de personas refugiadas y migrantes, el riesgo de violencia sexual, especialmente el abuso y explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes, se incrementa exponencialmente, dado que la respuesta social y estatal es limitada para su protección y se conoce muy poco sobre las dinámicas que rodean este delito.

Medidas

Una fuente de Migración Colombia, adscrita al Grupo de la Policía Judicial señaló que, en lo que va de 2021, los uniformados de esa entidad han realizado 19 capturas en modalidad de explotación sexual, en diferentes ciudades del país, pero la mayoría fueron realizadas en La Guajira y Norte de Santander.

“Este flujo migratorio desde Venezuela seguirá en aumento. Las condiciones económicas bajas con las que llegan estas familias las hacen vulnerables de caer en redes de trata de personas y explotación sexual, siendo los menores las principales víctimas”, dijo la fuente.

El informante precisó que la pandemia generó “un aumento considerable” de este fenómeno especialmente en el tema de la webcam. “Este modelo de negocio está siendo usado para explotar sexualmente a las personas”.

Las autoridades señalaron que desde Migración Colombia, en coordinación con la Policía, Fiscalía e ICBF “se está combatiendo esa explotación sexual que está afectando a la niñez”.

Luis Carlos Rodríguez De la Cruz, coordinador del área de migraciones forzadas y refugio de Codhes señaló que este fenómeno se ha visto en aumento durante los últimos años debido a que se han identificado a menores que cruzan la frontera sin ningún tipo de acompañamiento.

“Ellos llegan solos o vienen o con un adulto que no es su familiar. Eso se ha dado generalmente en el último año. Acá los menores entran en un nivel mayor de riesgo y se encuentran con dinámicas que no conocían”, expresó Rodríguez.

Para el coordinador, la explotación sexual entra en juego cuando esos menores no identifican los escenarios de riesgos a los llegan, precisamente por no venir acompañado de un adulto responsable.

Fuente: El Heraldo

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