El juez no está dispuesto a parar una causa que no es más que el paradigma del despilfarro público que se vivió en Andalucía en los años de Gobierno socialista.

Los altos cargos del Gobierno socialista andaluz que presuntamente gastaron más de 30.000 euros en prostíbulos no podrán escapar del juez. El magistrado ha decidido desestimar las peticiones de sobreseimiento de los dos investigados, el exdirector Fernando Villén y la ex directora económica financiera de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo, Ana Valls, al ver «suficientemente fundada la imputación formulada», y que les atribuye haber gastado más de 30.000 euros en clubes de alterne de Andalucía con tarjetas bancarias de la entidad.

Así, el pasado más oscuro de la Junta de Andalucía, siempre vuelve, para desgracia de una Susana Díaz que ahora, desde la oposición ve como su gestión y la de sus predecesores está siendo escrutada tanto por los jueces, como por el propio parlamento andaluz, a pesar de haberse presentado como un ejemplo de regeneración. Pero la pupila de Chaves y Griñán siempre tiene tras de sí la sombra de sus predecesores, que regresa como un jarro de agua fría y ahora las andanzas en los puticlubs andaluces de los altos cargos socialistas serán juzgadas con un tribunal con jurado popular.

De hecho, el juez, en un auto demoledor, insiste en que Fernando José Villén Rueda, «prevaliéndose de su cargo como director» de la Faffe, «habría venido llevando a cabo una disposición ilícita y continuada de los fondos de la entidad pública, desviándolos de su finalidad (…) para abonar servicios recibidos en distintos locales de alterne de Sevilla y otras provincias andaluzas que frecuentaba, utilizando para ello las tarjetas bancarias de las que disponía contra las cuentas de la referida fundación».

Según el mencionado auto, Villén «habría gastado mediante el uso de las tarjetas bancarias de la Faffe un total de 32.566 euros en locales de prostitución, gastos abonados con cargo a los fondos de la Faffe». Además, y según este auto, en connivencia con la directora económica financiera de la Faffe entre 2004 y 2011, también investigada en la causa, ideó «un sistema por el que se simulaban los reintegros de los referidos cargos realizados», con lo que «en los libros diarios de la Faffe constan asientos de devolución de las citadas cantidades que no se corresponderían con la realidad».

«Al objeto de simular el reintegro a las arcas de la Faffe de las cantidades ilícitamente dispuestas por su director, los investigados utilizaron la caja de la Dirección Económica Financiera de la Faffe, simulando supuestas pero en realidad inexistentes reposiciones en metálico de aquéllas disposiciones ilícitas; haciendo así que los gastos se camuflaran como ingresos en la caja central, para su posterior inclusión como tal en la contabilidad», resume el auto.

Igualmente, el auto reitera que hay «contabilizadas diez operativas de gasto en diferentes locales mediante la utilización por Fernando Villén de dos tarjetas bancarias asociadas a las cuentas de la Faffe y ocho operativas distintas de gastos efectuados a través de las tarjetas asociadas a las cuentas de la Faffe en diferentes establecimientos donde se habría ejercido la prostitución, por un importe total de 17.049 euros».

Del mismo modo, el juez de refuerzo insiste en «que no consta la devolución contable» de un cargo realizado el 8 de noviembre de 2005 en uno de los establecimientos por importe de 780 euros, «de modo que este gasto habría sido financiado con fondos directamente procedentes de la Faffe».

Falta de control en los gastos

Detallando cada uno de los pagos y cargos y las operaciones asociadas a los mismos, el juez determina que «estas irregularidades deben conectarse también con la inobservancia detectada respecto los mecanismos de control contable de la Faffe, de modo que, por ejemplo, se habrían realizado muy pocos arqueos de las cajas -Caja Central, principalmente-, cuando al menos tendría que verse realizado uno mensual.

«La falta de arqueos habría impedido el efectivo control del saldo de las cajas, dificultando así la comprobación de las reposiciones de efectivo y la acreditación de los ingresos o gastos realizados; lo que, su vez, posibilita la alteración del correspondiente saldo sin ningún tipo de justificación», indica el juez.

Así, el juez insiste en atribuir a Villén Rueda una supuesta «disposición ilícita» de los fondos públicos, considerando además que Ana Valls, como directora financiera de la Faffe, «habría podido realizar u omitir actos tendentes a cooperar o a encubrir» tales hechos.

El juez ordena más diligencias para seguir investigando

Por otra parte, el magistrado niega a la acusación particular, ejercida en este caso por el PP andaluz, la comparecencia como testigo del exconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía Antonio Fernández, al considerar que «resulta improcedente en esta fase del proceso teniendo en cuenta que, en todo caso, dicha diligencia no resulta idónea ni necesaria a los fines de decidir sobre la apertura de juicio oral».

Además, expone que «el hecho de que Fernández cesara en su cargo el día 22 de marzo de 2010, fecha en la que Villén habría realizado disposiciones de 14.737 euros en el establecimiento de alterne J.R. Don Angelo con cargo a su tarjeta de la Faffe, no permite deducir que el exconsejero de Empleo acompañase a Villén en el momento de realizar aquellas disposiciones». «Por más que se afirme como ‘previsible y verosímil’, esa circunstancia no deja de constituir una mera conjetura carente de evidencias en que sustentarse», indica el juez.

Aun así, el juez está dispuesto a llegar al fondo de uno de los casos paradigmáticos de corrupción en la Junta de Andalucía y ha ordenado nuevas diligencias como la comparecencia testifical del auditor de cuentas Jesús B.L. el 16 de diciembre o que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil realice diversas gestiones para el «total esclarecimiento de los hechos investigados».

Fuente: Es Diario

 

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