El Comité de Empresa de Sanidad y Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de León informó hoy que tras «el cierre del edificio El Alba» de la capital leonesa ha presentado una queja ante el Procurador del Común en junio, denuncia a la Inspección de Trabajo por la vulneración de los derechos de los trabajadores el 2 de julio y una demanda ante el Juzgado de lo Social por «conflicto colectivo» el 6 de julio.

En un comunicado, insistieron en que la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, «falta a la verdad» en sus declaraciones del 1 julio en las que insistió en que solo cerraban una unidad, la de cero a tres años. «Esto no es cierto, cierran dos unidades. Al igual que ya habla de rehabilitación del edificio ¿para qué y para quién? ¿uso privado?», añadió.

De hecho, facilitó documentación en la que a su juicio la Gerencia habla de cierre del edificio y con dos unidades y las cartas de restricción de contratos del personal laboral. «Este comité no tiene ninguna documentación sobre el estado de conservación del edificio El Alba, informe solicitado a la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, siendo una de las causas del cierre».

Al respecto, apuntó que se encuentra en «perfecto» estado de conservación y si no fuese así planteó: «¿la Gerencia no debería de adaptar las medidas de conservación necesarias? Exime su obligación de mantenimiento y se ampara en esta decisión para cerrar el edificio».

También denunció que el criterio de la Administración autonómica no es el mismo en otras provincias de la Comunidad, cono Salamanca y su centro Hogar Cuna de Urgencias Los Charros con dos unidades al igual que El Alba.

Además, recordó que fueron despedidos cuatro trabajadores bajo la justificación de la amortización de puestos de trabajo. «A día de hoy aún no han sido amortizadas dichas plazas, dado que no se pueden hacer de un día para otro. Pero ellos están ya fuera del centro El Alba Santa María», agregó.

El Alba, según la Junta, no cumple con el «nuevo modelo de atención» capacidad para nueve menores de cuatro a 18 años, y sin embargo si lo cumple el edificio Santa María con capacidad para once menores, cuando se busca viviendas más normalizadas y pequeñas.

Por último, mostró su preocupación de trato entre los trabajadores, rompiendo el principio de igualdad entre ellos. «Unos el 1 de julio tienen la movilidad geográfica a otros centros de la Gerencia, mientras que otros trabajadores es el 1 de septiembre, cuando la causa es la misma para todos», concluyó.

Fuente: Ileón

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