La Policía Nacional ha detenido a 17 personas en Palma de Mallorca, tres de ellas menores de edad, por incitar a la prostitución a otras 13 adolescentes, la mayoría residentes en centros de acogida. Se trata de una práctica «extendida» durante diez años, según han denunciado educadores y fuentes conocedoras de la situación.

La investigación se ha llevado a cabo por la Unidad de Familia y Menor (Ufam) de la Policía Nacional en Palma de Mallorca, en el marco de la operación Bakana para destapar una amplia red de prostitución de menores, la mayoría residentes en centros de acogida.

Los implicados son hombres entre 21 y 65 años

Las tres menores detenidas intentaban convencer a sus compañeras para que mantuvieran relaciones sexuales con adultos a cambio de dinero. El resto de implicados son personas con edades entre los 21 y los 65 años, la mayoría hombres que mantuvieron sexo con las niñas tras contactar con ellas a través de páginas web para adultos. Todos están acusados de un delito de corrupción de menores y se investiga si alguno de ellos habría llegado a grabar y a difundir los encuentros. Hay otros seis hombres a los que se les ha tomado declaración como investigados como presuntos autores de delitos de corrupción de menores.

Al menos 13 menores prostituidas

La investigación llevada a cabo por la Unidad de Familia y Menor permitió localizar al menos a 13 menores que habrían caído en la red de prostitución. Nueve de ellas están residiendo en distintos centros de acogida, de los que se fugaban para mantener estos encuentros sexuales. Las otras cuatro chicas viven con sus familias.

Siete de los detenidos fueron conducidos este jueves por la mañana al juzgado de guardia y quedaron en libertad con cargos tras declarar. La Policía Nacional mantiene abierta la investigación y no descarta más arrestos, según adelanta el Diario de Mallorca.

Servicios Sociales no actuó

Educadores de los centros de protección de menores del Instituto Mallorquín de Servicios Sociales (IMAS), dependiente del Consell de Mallorca, denunciaron a comienzos del año pasado que la prostitución de las niñas acogidas está «totalmente extendida» y que en algunos centros (de los 30 que hay en Mallorca) llega a la práctica totalidad de las adolescentes custodiadas.

Fuentes conocedoras de esta realidad consultadas por ElPlural.com confirmaron que esas prácticas se conocen desde hace diez años y hay casos que han sido investigados por la Policía, aunque el Instituto Mallorquín de Servicios Sociales (IMAS), dependiente del Consell de Mallorca, no ha puesto remedio. Las niñas internadas en centros de protección son captadas por chicos en riesgo de exclusión social o por otras adolescentes de los propios centros que las convencen para que mantengan relaciones sexuales con hombres a cambio de dinero o droga. A las chicas se les suministra estupefacientes para garantizar su dependencia.

«Un secreto a voces en Palma durante unos diez años»

Educadores de estos centros denunciaron que «muchas de las niñas acogidas en centros de protección han tenido una iniciación sexual prematura y problemática» y «en el centro se encuentran con otras menores que las introducen en este ambiente, que se podría definir como preprostutición. Son menores muy vulnerables, que inician relaciones con chicos que les proponen los primeros escarceos con la prostitución y con la droga».

Esos expertos aseguraron que esas prácticas se vienen produciendo desde hace tres años. Las fuentes consultadas por ElPlural.com precisan que la problemática viene de más lejos, de unos diez años. «Es un secreto a voces en Palma y no se ha hecho nada».

«Elevamos informes cada vez que detectamos uno de estos casos, tenemos informaciones sobre los pisos en los que estas niñas son prostituidas, pero no vemos que se haga nada», se han quejado los educadores que han explicado en el citado diario el modus operandi de la administración: «Cuando una menor regresa al centro tras una fuga y relata que ha sido prostituida, se realiza un informe interno que se eleva a los puestos de decisión del IMAS, a la Dirección General de Menores o a la Fiscalía de Menores. Estos informes se han repetido a lo largo de los últimos tres años. Por lo general, desde la dirección de la institución se responde con la petición de otro informe. Hasta ahora no hay constancia de que haya tomado ninguna medida concreta»

Fuente: El Plural

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