El pasado 2 de julio, Jonathan y Eduardo, de 13 y 15 años, quedaron tendidos sobre el patio de una vivienda en el municipio de Amatlán, en la zona montañosa de Veracruz, luego de que elementos de la Fuerza Civil del estado abrieron fuego en contra de supuestos delincuentes.

No hubo detenciones ni más víctimas, solo los dos menores, cuyos cuerpos quedaron a pocos metros de distancia entre sí. Ambos estaban en bermudas y sandalias, pues, de acuerdo con los testimonios de la familia y vecinos, al momento del tiroteo lavaban un vehículo a cambio de dinero.

La versión oficial de la Secretaría de Seguridad Pública del estado (SSP) —a la que pertenece el grupo de élite formado en el gobierno de Javier Duarte (2010-2016)—, es que se trató de un «fuego cruzado» en el que los dos menores de edad perdieron la vida.

La dependencia sostiene que, el día de los hechos, las fuerzas policiales recibieron una denuncia ciudadana sobre la presencia de dos vehículos con gente armada en la comunidad de Guadalupe La Patrona, en Amatlán. Al llegar al lugar, afirma, fueron recibidos a tiros, por lo que repelieron la supuesta agresión que dejó como «víctimas colaterales» a Jonathan y Eduardo.

Sin embargo, la familia de los dos adolescentes rechazó esta versión y denunció que no se trató de un «fuego cruzado».

De acuerdo con el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, el caso es investigado por la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGEV), aunque esta no ha informado los detalles.

Tania Ramírez, directora ejecutiva de la Red por los Derechos de la Infancia (Redim), enfatiza que, en contextos como el de Amatlán, deben dejar de emplearse términos como «fuego cruzado» y «víctimas colaterales», porque de otro modo se reduce la responsabilidad de quitarle la vida a un niño o adolescente.

«Un fuego cruzado no es un accidente, no es un fenómeno meteorológico, es la acción de alguien en uso y portación de arma de fuego en contra de una persona menor de edad», señala en entrevista con Expansión Política.

Para Tania Ramírez, al restarle peso a lo sucedido se engrosan los índices de impunidad en un país donde más del 90% de las carpetas de investigación que se abren por temas de violencia contra niñas, niños y adolescentes no se resuelven.

Además, dice, se envía un mensaje de permisividad: «los grupos del crimen organizado e incluso las autoridades pueden llegar a pensar que es excusable un hecho como el de Amatlán».

Por su parte, Saskia Niño de Rivera, presidenta de la asociación civil Reinserta, describe a ese 2 de julio como «uno de los días más violentos para los niños» y considera que este tipo de crímenes está relacionado con la delincuencia organizada.

Las estadísticas de la violencia contra menores

Jonathan y Eduardo se suman a los 340 menores de edad asesinados en México con armas de fuego de enero a mayo de este año, de acuerdo con cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), recuperadas por Redim .

En total, en dicho periodo se reportaron 460 homicidios dolosos de niñas, niños y adolescentes en el país; es decir, diariamente se han registrado, en promedio, hasta tres homicidios dolosos de menores de edad.

Esto es una disminución de 9.1% con respecto a los 506 homicidios dolosos de personas de entre 0 y 17 años registrados de enero a mayo de 2020, que abarca los primeros meses del confinamiento por la emergencia sanitaria en México.

Además, las entidades con más homicidios dolosos de personas menores de edad, registrados de enero a mayo de este año, son Guanajuato (66), Michoacán (42) y Estado de México.

En el país cada día son asesinados 7 menores de edad. De estos crímenes, 3.1 son homicidios dolosos y el 72% fue cometido con armas de fuego, especialmente contra adolescentes. Mientras que 3.9 son homicidios culposos.

«Hay una situación en el país que tiene que ver con el reclutamiento de menores en la delincuencia organizada, y eso nos ha traído una cifra mucho más alta en el asesinato de niños y adolescentes», expone Saskia Niño de Rivera.

La NO criminalización y la obligación del Estado

De acuerdo con la Encuesta Nacional Sobre Discriminación (ENADIS) 2017 , el 39.8% de la población adulta en México cree que es justificable llamar a la policía cuando hay jóvenes reunidos en una esquina por el solo hecho de estar ahí.

Tania Ramírez considera que al existir este tipo de narrativas es importante desvincular los asesinatos de niñas, niños y adolescentes del crimen.

«Dar por sentado que porque existiera la posibilidad de que hubiera algún tipo de participación de los menores con el crimen organizado, ¿es de alguna forma permisible o excusable que hayan sido víctimas de homicidios? No importa si estaban involucrados de alguna forma en una actividad ilícita, su vida debe ser respetada, si hay conflicto con la ley se dirime de otra forma», expone la directora de Redim.

La activista enfatiza que estos hechos se deben abordar desde las causas que motivan, posiblemente, una incursión a la delincuencia, pues se está en un contexto de crisis económica y sanitaria en el que muchas familias han sufrido pérdidas de empleos y violencia en sus propias vidas.

«Esto hace escenarios adversos y en alguna medida los menores podrían estar siendo reclutados, y no es el caso de los niños de Amatlán. Pero incluso si se comprobara que es así, tendríamos que ir a las causas que lo motivan», dice.

Ramírez también hace un llamado para eliminar la suposición de que todo lo que tiene que ver con el combate a la seguridad solo sucede en el «mundo adulto», puesto que repercute de igual forma a las infancias, que representan más de la tercera parte de la población mexicana.

«Debemos dejar de pensar que es algo que no toca a las infancias y asumir que es urgente retomar los compromisos de las estrategias de atención para hacer frente a la violencia armada que enfrentan las niñas, niños y adolescentes», señala.

En lo que respecta a la obligación del Estado, Saskia Niño de Rivera manifiesta que es indispensable que las autoridades y los elementos policiacos estén capacitados para atender de manera inmediata a los menores de edad que se encuentran en situación de vulnerabilidad.

«Hay una ausencia en la creación de políticas públicas para la protección de menores, y también falta una estrategia puntual con las nuevas maneras de operar de la delincuencia organizada, hoy vemos códigos que ya no se respetan, como los crímenes contra niños», refiere.

En tanto, Tania Ramírez señala que las autoridades deben retomar los trabajos con la comisión que se estableció entre las instituciones gubernamentales y la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINA), en la que se acordó una estrategia para la protección, construida a partir de un diagnostico y apegada al marco jurídico nacional e internacional.

La propuesta y el plan de trabajo fue reunirse cada mes, a lo largo de 2021, pero – indica Ramírez -, esta comisión no ha sesionado todavía.

«Hay un grupo de trabajo con una agenda para sacar estos esfuerzos, ahí está la ruta, necesitamos que esto no se detenga, porque si no los datos y la realidad nos alcanza con casos como el de Amatlán», concluye la directora de Redim.

Fuente: Expansión

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