• 19 mayo, 2022 10:10 pm

Debate forzado sobre la gestación subrogada en España tras estallar la guerra en Ucrania

Desde que Rusia decidió invadir Ucrania hace ya seis días, el teléfono de María Luis Bautista no para de sonar. Lleva 45 años ejerciendo de abogada de Familia y más de la mitad de su carrera profesional dedicada a la gestación subrogada. Esta práctica es ilegal en España, pero la legislación no establece sanciones por recurrir a terceros países -como es el caso de Ucrania- para encargar y recoger bebés gestados por una mujer extranjera. «Ahora mismo hay muchos padres españoles sin saber qué hacer. Habían iniciado el proceso hace años y sus hijos han nacido en plena guerra o están a punto de hacerlo, pero no pueden viajar para traerlos a casa», explica la letrada a Vozpópuli.

Manuela y Roberto son una de esas parejas que esperan con incertidumbre el nacimiento de sus mellizos en Kiev. Iniciaron el proceso de gestación subrogada hace dos años y medio con una agencia intermediaria. El nacimiento de los pequeños está previsto para el próximo 10 de marzo, pero la madre gestante está de 35 semanas y el parto podría adelantarse. «Pensábamos viajar hasta allí en una semana, teníamos la maleta hecha y todo preparado, pero ahora es imposible. Ella se encuentra ingresada en el sótano de una casa de maternidad y no sabemos qué hacer«, cuenta Manuela a este medio. «Los recién nacidos están en sótanos, desamparados y en un limbo legal», añade.

Roberto es el padre biológico. «Durante todo este tiempo hemos tenido un asesor en Ucrania y nos había estado tranquilizando porque jamás pensó que iba a estallar la guerra en todo el país. Cuando la cosa se empezó a tensar, él mismo nos dijo que no pasaría de las zonas donde ya existía el conflicto, pero el pasado jueves nos llamó por teléfono y nos explicó la situación. Se tuvo que esconder en un búnker», comenta la pareja.

Manuela y Roberto dan por hecho que no podrán estar en el momento del parto. «Es algo que vemos inviable. Lo primero es que nazcan bien los mellizos, que estén todos bien. Después queremos ir a buscarlos lo antes posible, pero somos conscientes de que allí comenzará otro calvario. El Gobierno de España no los inscribe en el registro, por lo que, en condiciones normales, nos tendríamos que quedar en Kiev de seis a ocho semanas esperando a tramitar el pasaporte ucraniano. Ahora, en plena guerra, todo se complica más», apunta Manuela.

La abogada María Luis Bautista insiste en que «lo primero que hay que hacer es inscribir en el registro a los niños». «Sin pasaporte es imposible que puedan salir del país. Es como si no existieran. Son hijos de españoles y así deben ser inscritos. En caso de que sea Ucrania la que tramite el pasaporte, la madre gestante debe formar una autorización notarial para renunciar y permitir al padre viajar con el bebé», indica Bautista.

«Son hijos biológicos de mi marido. No hay nada más vulnerable que un bebé… Solo queremos traerlos casa. Lanzamos un mensaje de auxilio al Gobierno para que nos ayude a traerlos con un salvoconducto o con un pasaporte exprés aunque sea provisional», pide Manuela.

Polémica por la gestación subrogada

La invasión de Ucrania por parte de Rusia ha desempolvado la polémica por la gestación subrogada, una práctica que no está permitida en España y a la que algunos prefieren referirse como alquiler de vientres. Manuela y María Luisa son conscientes de ello. La primera elude entrar en debates, mientras que la abogada sostiene que «muchos padres tienen hijos sin estar preparados para ello, mientras que hay parejas que si lo están y lamentablemente no pueden tenerlos». «No entiendo tanta hipocresía en torno a la gestación subrogada. ¿Una mujer es dueña de su cuerpo para abortar, pero no para gestar un hijo?», se pregunta. Incluso pide al Ejecutivo incluir a estos bebés en caso de fletar más aviones.

Desde la Plataforma por la Protección de la Infancia Nacida en Georgia y Ucrania (Apingu) piden no volver a la situación de 2020 generada por la Covid «en la que se limitaron los movimientos y a las familias se les autorizaba la salida de Ucrania, pero no la entrada al país».

«Pedimos a Exteriores que, con carácter igualitario, vele por el derecho fundamental de los hijos -concebidos o ya nacidos- a la vida y la integridad personal, permitiendo el acceso a ellos desde España antes o después de su nacimiento en Ucrania, sin sanción o discriminación por su diferente modo de concepción», reclaman.

«Una privación de libertad de movimiento a nuestras familias formadas gracias a la gestación subrogada puede ocasionar que, en la mejor de las hipótesis, dejemos a los bebés con una canguro en un apartamento de entradas y salidas que desconocemos; que les dejemos en un hogar o búnker masificado de bebés o que se los lleven a un orfanato público a los que España rechazó recurrir para las adopciones internacionales», afirman.

Defienden que la vigente Instrucción de 18 de febrero de 2019, que prohíbe al Consulado dar a los niños nacidos por gestación subrogada el reconocimiento y la inscripción de su paternidad y maternidad en el Registro Civil español -recurrida por la plataforma-, «no debe impedir que los bebés sean presumidos españoles y como tales tratados para la protección por acción y omisión de su vida e integridad personal».

Contra el «alquiler de vientres»

Ciudadanos es el único partido que se ha mostrado partidario de regular la gestación subrogada a través de un modelo «altruista y garantista» para proteger a las familias y a los niños resueltos de este proceso. Diversos colectivos feministas se posicionan en contra. Al igual que otros años, el rechazo a los vientres de alquiler será una de las reivindicaciones durante el Día Internacional de la Mujer que se celebra en una semana. La Red Estatal contra el Alquiler de Vientres considera esta práctica como «una grave violación de los derechos y la dignidad de las mujeres y menores». «Es una forma de explotación reproductiva de las mujeres y convierte a los recién nacidos en objeto de transacción contractual y comercial», denuncian en su manifiesto.

«El alquiler de vientres pone en riesgo la integridad física y psicológica de las mujeres y menoscaba el derecho de las mujeres a la filiación y otros derechos fundamentales. En el caso de los menores, vulnera el derecho de estos a conocer su origen. De hecho, la práctica del alquiler de vientres es la manifestación más visible del tráfico de menores y trata de mujeres con fines de explotación reproductiva: reportando millonarios beneficios a agencias de intermediación y clínicas», sostienen.

En la plataforma ‘No somos Vasijas’ consideran que la maternidad por gestación subrogada niega a las mujeres gestantes el derecho a decidir durante el proceso de embarazo y en la posterior toma de decisiones relativas a la crianza, cuidado y educación del menor o la menor.

«Elegir es preferir entre una serie de opciones vitales.  La elección va acompañada, a su vez, de la capacidad de alterar, modificar o variar el objeto de nuestras preferencias. La maternidad subrogada no solo impide a las mujeres la capacidad de elección, sino que además contempla medidas punitivas si se alteran las condiciones del contrato», determinan.

Fuente: Voz Populi

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