Culpables de matar a sus dos hijos a golpes en Godella en marzo de 2019. Impulsados por sus creencias e ideas místico religiosas, previo baño purificador de sus almas, ambos acusados acabaron con la vida de Ixchel, de cinco meses, y Amiel, de tres años y medio, sin darles posibilidad alguna de defensa. Así lo han declarado probado los miembros del jurado popular tras hallar culpables como autores de las muertes de los menores tanto a Gabriel Salvador C. A. como a María G. M. En el caso de la madre aprecian que ésta no es responsable de sus actos debido la enfermedad mental que padece.

En el momento de cometer los hechos la acusada padecía una esquizofrenia de tipo paranoide, en fase de brote agudo, que anulaba completamente las bases psicológicas de su imputabilidad, es decir no era consciente de lo que hacía.

Los acusados tenían y compartían creencias místico-religiosas que habían aprendido e interiorizado durante su relación, algunas de ellas relacionadas con la cultura maya, en la que estaba muy interesado Gabriel debido a sus antecedentes familiares mejicanos. De este modo, asumían técnicas terapéuticas como la regresión y creían en la purificación de las almas mediante baños de agua o en el renacimiento de las mismas tras la muerte de los cuerpos. Estas creencias inicialmente profesadas por el padre de los niños, fueron poco a poco siendo asumidas por María, según ha declarado probado el jurado.

Los miembros del tribunal popular consideran que los acusados, impulsados por estas creencias e ideas, tomaron la determinación, “que Gabriel le inculcó a María”, de que la única forma de proteger a sus hijos del asedio del que eran objeto – por parte de una supuesta secta que les perseguía – era, tras un baño purificador de sus almas, “terminar con sus vidas y enviarlos al más allá para que posteriormente pudieran revivir”.

Así, entre las 22.00 horas del 13 de marzo de 2019 y las cuatro de la madrugada del día siguiente, cuando se encontraban ambos progenitores en la casa de campo de Godella junto a sus hijos, “actuando de común acuerdo en ejecución del plan establecido, haciendo y dejando hacer el uno al otro”, como así indicó el fiscal en su informe, ambos cogieron a los pequeños y tras bañarlos en la piscina de la casa con el propósito de purificarlos, les propinaron multitud de violentos golpes, fundamentalmente en la zona de la cabeza, bien golpeando a los mismos con un objeto contundente, o propinándoles fuertes golpes en la cabeza contra el suelo.

Como consecuencia de la brutal agresión ejecutada por los acusados, los menores sufrieron senos traumatismos craneoencefálicos con múltiples fracturas craneales y lesiones encefálicas que produjeron un efecto depresor sobre los centros neurológicos vitales que regulan las funciones respiratorias y cardiaca, provocando la muerte de ambos. Tras acabar con la vida de sus propios hijos ambos procedieron a enterrar los cuerpos de los menores en diferentes sitios próximos a la parcela donde vivían de forma ilegal.

El Ministerio Fiscal, una vez reconocidos como probados por el jurado todos los hechos expuestos en su informe, ha mantenido la petición de 50 años de prisión para el padre de los niños por dos delitos de asesinato con la circunstancia agravante de parentesco. Para la madre se solicita su absolución por una eximente completa de trastorno mental y que se le imponga una medida de internamiento de 25 años.

Por su parte, la defensa de Gabriel, ejercida por el letrado Arturo Peris, ha manifestado su intención de recurrir la sentencia nada más conocer el veredicto del jurado e incluso antes de que el magistrado redacte la misma, donde se concretarán las penas. Asimismo, la letrada Luisa Ramón, que ejerce la defensa de la madre de los niños, ha solicitado que la medida que se le imponga no sea superior a siete años de internamiento y que la misma se cumpla en un centro psiquiátrico adecuado para su tratamiento donde su familia ya ha encontrado plaza.

El jurado ha emitido su veredicto de culpabilidad contra ambos acusados, que no ha sido por unanimidad en los puntos clave sobre la participación de éstos en las muertes de los niños, fundamentando su decisión tanto en las pruebas testificales, los informes psiquiátricos, la inspección ocular de la Guardia Civil, los informes de autopsia, las pruebas documentales y las propias declaraciones de los acusados. Asimismo los miembros del jurado se han mostrado contrarios a una revisión de la pena y a al posibilidad de indulto tanto de uno como del otro.

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