Cuatro historias muestran cómo la Iglesia Católica evita que las denuncias de los sobrevivientes lleguen a la justicia ordinaria. Los sacerdotes acusados casi nunca son castigados. Este trabajo fue realizado por Juan Pablo Barrientos para Vorágine de Colombia y CONNECTAS.

Juan Pablo Barrientos para Vorágine y CONNECTAS.
La mayoría de las víctimas de abuso sexual clerical son muy pobres y no tienen papá, así lo dice el catecismo no escrito de la pederastia, cuyos dictados de fe, le facilitan a un sacerdote abusador manipular a la familia de sus víctimas, en el improbable caso de que se enteren de su agresión. Cuando lo hacen y descubren los abusos, las familias de los niños acuden a la curia antes que a la justicia y lo hacen sin un abogado. Que se trate de niños pobres y sin padre le da un margen de manipulación y maniobra a la Iglesia católica para evitar las denuncias penales con millonarias sumas de dinero, sin que los detalles de cada caso trasciendan o sean conocidos. Se trata de expiaciones de hombres ricos, pagadas al contado, igual que las limosnas de las misas.

Las siguientes cuatro historias descubren el entramado de manipulación, y mentiras de la Arquidiócesis de Medellín, que durante años silenció a las familias de menores abusados por sacerdotes de  esa provincia eclesial. Y además, su estrategia de desaparecer las denuncias del archivo secreto, en el que reposan los delitos y faltas que cometen los sacerdotes.

De Medellín a Nueva York

El pederasta más conocido de Medellín, encubierto por el actual arzobispo y vicepresidente de la Conferencia Episcopal, Ricardo Tobón Restrepo, es Roberto Antonio Cadavid Arroyave, de 61 años, quien fue párroco y rector siete años, entre 1998 y 2005, de la parroquia y del colegio de Nuestra Señora de Chiquinquirá, en el barrio Niquía, en Bello. Un cargo todopoderoso que Cadavid usó para abusar de sus monaguillos y sus estudiantes, como lo demostraron los testimonios en el libro Dejad que los niños vengan a mí.

Después de que Cadavid salió de Bello, cuando los combos delincuenciales habían decidido  asesinarlo por violar al hermano de uno de sus integrantes, el entonces arzobispo de Medellín, Alberto Giraldo Jaramillo, lo mandó a otra parroquia mientras negociaban el silencio de otro de los niños que el cura recién había violado. Según una fuente protegida de Vorágine, la Arquidiócesis medió en la entrega de doscientos millones de pesos en efectivo, entregados en una mochila, como quien entrega una ofrenda. El diario El Tiempo publicó copias de los cheques por ochenta y ocho millones de pesos que Cadavid le pagó a otra víctima de la misma parroquia, en una transacción que fue notariada.

Hay varias denuncias por abuso sexual infantil contra Cadavid. La Congregación para la Doctrina de la Fe, que es como la Fiscalía del Vaticano, lo había expulsado.

Cadavid Arroyave fue trasladado desde Bello a la parroquia de Santa Ana, y aunque cueste creerlo, de nuevo como párroco y rector, esa vez del colegio Pablo VI, en el barrio Manrique Oriental. Allí, estuvo desde 2005 hasta 2012, tiempo en el que, según testimonios verificados, violó a varios de sus estudiantes y monaguillos. Con las nuevas denuncias, el arzobispo Ricardo Tobón, quien llegó a la ciudad en mayo de 2010, finalmente suspendió al párroco y rector en febrero de 2012.

Sin embargo, ocho meses después, el arzobispo de Medellín lo autorizó y recomendó para que trabajara en la Diócesis de Brooklyn, en Nueva York, sin informarle a su homólogo, Anthony DiMarzio de las acusaciones contra el cura. Después de cinco años, Tobón le confesó a DiMarzio que había varias denuncias por abuso sexual infantil contra Cadavid y que la Congregación para la Doctrina de la Fe, que es como la Fiscalía del Vaticano, lo había expulsado, finalmente.

Cadavid Arroyave tuvo diez cargos en 29 años de sacerdocio. Cuatro de esos cargos no cuentan con soporte documental, es decir, con un nombramiento oficial. Uno de ellos fue el último que tuvo en Colombia, en Santa Ana, lo que demuestra que la Arquidiócesis de Medellín ha desaparecido, como por obra del Espíritu Santo, información clave del archivo secreto de los sacerdotes para evitar responder ante una eventual demanda civil.

El cura-abuelo que negoció con una fiducia

El padre Álvaro Pimienta Restrepo, párroco en Corpus Christi en La Colinita desde el 17 de febrero de 2020, silenció a su víctima con una fiducia de 200 millones de pesos para sus estudios superiores. El abuso, según una fuente protegida de Vorágine, ocurrió en El Calvario, parroquia de Campo Valdés, comuna 4 de Medellín.

Pimienta es un sacerdote de 60 años, ordenado por el papa Juan Pablo II el 5 de julio de 1986, durante su visita a Medellín, en una ordenación masiva en el aeropuerto Olaya Herrera. Antes de la parroquia del Corpus Christi estuvo en la de San Bernardo, en Belén. También ha trabajado en La Maternidad Divina y San Pío X, en Itagüí.

A Pimienta le han tolerado desde la acusación por abuso sexual de una menor de edad, hasta tener esposa e hija, una condición demonizada por la Iglesia católica.

La sobreviviente era una menor de 14 años que pertenecía a los grupos pastorales de la parroquia. El padre Pimienta no fue suspendido, simplemente pasó a otra parroquia mientras la Arquidiócesis lo ayudaba a negociar el silencio de la joven abusada. Pimienta le negó a Vorágine la existencia de ambas, la acusación y la conciliación.

Desde su ordenación sacerdotal, Álvaro  Pimienta Restrepo ha tenido trece nombramientos, de los cuales siete no cuentan con documentación en el archivo secreto. La Arquidiócesis de Medellín asegura que no ha recibido ninguna denuncia contra el religioso, quien comparte su trabajo sacerdotal con su esposa, una hija y una nieta. A Pimienta le han tolerado desde la acusación por abuso sexual de una menor de edad, hasta tener esposa e hija, una condición demonizada por la Iglesia católica.

«No niego ni confirmo»

Hernando Antonio Pulgarín Agudelo, capellán de la Clínica El Rosario, fue denunciado por el abuso sexual de una monaguilla de la parroquia en la que trabajaba, con quien decía tener una relación, y la dejó embarazada, según le confirmó a Vorágine una fuente protegida. Después de que la menor dio a luz, el cura se hizo cargo de su hija. La acusación contra Pulgarín la presentó otro cura, el padre Eusebio Jaramillo Muñoz.

La Arquidiócesis silenció a la sobreviviente y a su familia con la promesa de una finca de 300 millones de pesos, para la cual puso dinero el anterior arzobispo de Medellín, Alberto Giraldo Jaramillo, quien dijo sentir pesar por el sacerdote porque no tenía recursos para esta transacción, según la fuente protegida.

En conversación con Voragine, Pulgarín, de 84 años y cura hace 57, insistió en que «nadie en esta vida es santo» y manifestó la importancia de «la privacidad». Sobre su hija respondió: «no niego ni confirmo». Dijo que responde por la niña y su familia, que siempre les ha ayudado desinteresadamente. Negó cualquier tipo de conciliación. También buscamos a la mujer, quien defendió al sacerdote y negó que este fuera el padre de alguno de sus dos hijos.

El capellán del Inem

Como en los dos anteriores casos, Juan Carlos Muriel Figueroa abusó sexualmente de una niña pero, a diferencia de sus hermanos sacerdotes, fue suspendido y después de un tiempo de oración y penitencia retomó sus labores eclesiales, con nombramiento del actual arzobispo, Ricardo Tobón.

Los hechos ocurrieron cuando Muriel fue párroco de Cristo Sacerdote, en Moravia, uno de los barrios más pobres de la ciudad. En esta parroquia, el sacerdote estuvo desde junio de 2001 hasta noviembre de 2007, cuando se conoció la denuncia, que el propio sacerdote le admitió a Vorágine: «es una adolescente que se enamora de un cura».

Según una fuente protegida de Vorágine, el cura Óscar Augusto Álvarez Zea compró por 20 millones de pesos el silencio de un adolescente con quien decía mantener una relación amorosa.

Como castigo, a Muriel Figueroa lo suspendieron cuatro años y lo enviaron a vivir a la parroquia de Nuestra Señora de Belén, bajo la supervisión de otro sacerdote cuestionado de Medellín, Gustavo Grisales. En conversación con Vorágine, Muriel confirmó que el caso «no se llevó al derecho penal, se manejó al interior de la Iglesia». Manejar, verbo que el diccionario define con otros verbos: usar, utilizar, dirigir. Muriel Figueroa insiste que la familia se retractó de las acusaciones, pero lo cierto es que, según una fuente protegida y verificada de Vorágine, el sacerdote  pagó 200 millones de pesos en efectivo para silenciar a la sobreviviente y a su familia.

Muriel Figueroa es un sacerdote de 57 años, ordenado en 1989. Tras la suspensión fue párroco en Santa María de la Paz, en Belén Zafra, y desde octubre de 2011 hasta ahora, que el arzobispo Ricardo Tobón lo nombró en Santa Rosa de Lima en San Javier. También es capellán del Inem José Félix de Restrepo, el colegio público más grande de Antioquia. ¿La arquidiócesis de Medellín premia a sus sacerdotes abusadores? Los hechos dicen que sí.

Los vicarios generales

Las pocas familias de los sobrevivientes que denuncian son atendidas por el vicario general, el segundo personaje más importante de una curia después del obispo, y que es de toda su confianza y subordinación. En el caso de Medellín, durante el arzobispado de Alberto Giraldo Jaramillo (1998-2010), ese cargo lo ocupó Alfonso de Jesús Vásquez Benjumea, de 77 años, rector desde hace más de trece años del Seminario San José, uno de los cuatro centros de formación de sacerdotal que tiene la Arquidiócesis de Medellín.

Fue precisamente Vásquez quien, según una fuente protegida, organizó la logística de las cuatro millonarias conciliaciones, entre 2007 y 2008, y estuvo presente en ellas. Vorágine habló con el exvicario y lo negó todo. También dijo que jamás ha sido denunciado por abuso sexual. Sin embargo, una historia en nuestro poder lo desmiente.

Ordenado sacerdote en 1970, monseñor Vásquez ha ocupado 22 cargos en la Arquidiócesis, pero en once de ellos “no se tiene documento escrito de nombramiento”, un patrón en las respuestas que da la Arquidiócesis de Medellín de casi todos los curas denunciados por pederastia.

Esas respuestas las firma hoy en día el actual vicario general de Medellín y párroco del Beato Marianito en El Poblado, Óscar Augusto Álvarez Zea, de 49 años y cura hace 25, que entre sus tareas como vicario recibe las denuncias contra sus colegas, las investiga y luego reporta a Roma.

Según una fuente protegida de Vorágine, Álvarez Zea compró por 20 millones de pesos el silencio de un adolescente con quien decía mantener una relación amorosa. Esto fue en 2012, cuando era párroco del Perpetuo Socorro en el barrio San Diego y canciller, algo así como un notario que, entre muchas otras tareas, firma con el arzobispo los decretos de suspensión de los curas infractores.

Después de nueve años en la cancillería, Álvarez pasó a la vicaría general en 2014 y hoy es la mano de derecha del arzobispo Ricardo Tobón para mantener a flote un entramado dedicado a encubrir a decenas de curas pederastas y abusadores sexuales de la Arquidiócesis de Medellín.

En las respuestas a los derechos de petición que le he enviado a la Arquidiócesis, en los que he indagado por 1.020 curas, él aparece inmaculado, sin faltas, lo mismo que su predecesor, Alfonso Vásquez Benjumea.

El archivo secreto revela más con lo que oculta que con lo que entrega.  ¿Qué esconde el archivo secreto de la Arquidiócesis de Medellín?

Fuente: Acento

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