Denuncias que nunca llegan a juicio, niños y niñas que deben contar lo que han vivido una y otra vez, procesos que se alargan varios años, menores que deben compartir sala con sus agresores, adultos que ponen en entredicho su testimonio… En España se presenta una denuncia por abuso y agresión sexual menores cada tres horas. Esa es la violencia que se detecta, la que activa la maquinaria policial y judicial en busca del fin de la impunidad. Pero ¿Qué ocurre después? ¿Qué suele pasar durante el proceso penal? ¿Cómo lo viven los niños y niñas?

La justicia, un sistema no adaptado para niños que denuncian abuso sexual

Los casos se han doblado en una década, pero ni una quinta parte llega a juicio. El sistema reconoce que falla y causa a las víctimas un segundo trauma. La nueva Ley de infancia obliga a que haya una sola declaración hasta los 14 años y crea juzgados especializados.

La mayoría de las víctimas de abusos de menores no denuncian, solo un 15 % según las estadísticas, y quien da el paso espera que sea el inicio de una liberación, de una solución. Pero no imaginan que a menudo solo es el inicio de otra pesadilla que no lleva a ningún sitio.

Estas personas no se sienten creídas, sino al contrario, se pone en duda su testimonio, y todo el mecanismo judicial es hostil.

Según un estudio de Save the Children, deben repetir su declaración una media de cuatro veces y los procesos se eternizan: duran tres años de media, pero pueden llegar a cinco. Los datos apuntan que solo una media del 17 % de las denuncias, menos de una quinta parte, han llegado a juicio en los últimos años, según refleja de forma orientativa el cruce de cifras del Ministerio de Interior, cuerpos policiales y Fiscalía General del Estado elaborado por EL PAÍS.

La mayoría de los casos suceden en el entorno familiar y se trata de los delitos más difíciles de probar

El sistema falla y provoca un nuevo daño, una segunda victimización. La nueva Ley de protección integral a la infancia, que se aprobará el jueves en el pleno del Congreso, será un paso decisivo para abordar estas deficiencias.

En estas investigaciones muchas veces es la palabra de una persona contra otra, y en concreto de un niño contra un adulto, no hay más pruebas, y se convierte en crucial el informe de credibilidad del psicólogo forense, única base para el juez para seguir adelante.

Lo trágico es que, pese al archivo, queda la evidencia de que el niño tiene un trauma y ha sufrido abusos. Al final quien sufre las consecuencias es quien denuncia, y nace un segundo trauma.

El principal problema es que no hay formación especializada en violencia infantil. Falta sensibilidad, se cree que el menor miente, que el menor fabula. Al final depende del juzgado que te toque, y no puede ser, no puede depender de eso.

Ojos que no quieren ver

Diversos estudios llevados a cabo por instituciones como el Consejo de Europa, expertos y asociaciones de defensa de los derechos de los menores calculan que en el ámbito internacional, entre el 15 % y el 20 % de los niños y niñas sufren algún tipo de abuso sexual antes de cumplir los 18 años. Uno de cada cinco.

Eso significa que muy probablemente tú conozcas a niños o niñas que están siendo víctima de algún tipo de abuso o agresión sexual continuada. Están en tu barrio, en el colegio de tus hijos, en tu edificio o, quizás, en tu propio círculo familiar o de amistades. Pero su sufrimiento permanece oculto y silenciado. Por ello es clave la correcta escucha de los menores y la especialización de los profesionales que la realizan.

La dificultad de hallar pruebas físicas

Las pruebas físicas que puedan demostrar la existencia de un abuso o agresión sexual hacia un menor, al contrario de lo que se suele pensar, son prácticamente inexistentes. “Sólo el 10 % de los abusos son cruentos. El otro 90 % de los casos se producen como juegos. Los padres o abusadores suelen hacerlo jugando, por lo que el menor, en la mayoría de los casos, pueden no verlo como algo negativo. Es posible que el niño o la niña no esté traumatizado todavía porque el abuso se inicia como algo suave. Pero si no protegemos al menor, el abusador irá cada vez más allá, siendo cada vez más exigente y cruento con el menor”, relata el informe de Save The Children.

Tanto los tratados internacionales firmados por España en defensa de los menores, como la propia legislación española ponen un importante énfasis en la relevancia que se debe dar a la declaración del menor y al hecho de que su testimonio debe ser recogido en condiciones idóneas y tenido en cuenta en los procesos judiciales por este tipo de delitos. Sin embargo, el hecho de que la gran mayoría de las denuncias no lleguen siquiera a iniciar un juicio oral y se sobresean en la fase de investigación implica que, de forma generalizada, la declaración no es suficiente como para romper la presunción de inocencia del presunto abusador.

De hecho, nuestro país tiene un proceso de investigación abierto en el seno de la Comisión Europea por el posible incumplimiento en la aplicación de las directivas comunitarias en materia de protección judicial de menores que denuncian haber sufrido abusos sexuales y malos tratos en ámbito familiar. La Comisión investiga también el hecho de que España esté utilizando de forma generalizado el Síndrome de Alienación Parental.

Fuente: GN Diario

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