• 19 mayo, 2022 10:25 pm

A pesar de la prohibición por ley en España hay 1.200 menores de 6 años en centros

En el 2015, con Mariano Rajoy al frente del Gobierno, se aprobó la ley de Modificación del Sistema de Protección a la Infancia y a la Adolescencia, con el apoyo unánime de los partidos con representación parlamentaria. Todos estaban contentos ante lo que parecía una buena norma que pondría fin a una realidad oculta para la sociedad y que afecta a esos a los que constantemente se exige proteger, los niños. En esa ley se establecía que los menores de hasta 3 años que están bajo la tutela de la administración no deben estar institucionalizados, viviendo en residencias por el daño emocional y psíquico que ello supone. Y el siguiente paso debía darse con los niños de 4 a 6: había que buscarles una familia para evitar el daño que supone crecer en una residencia.

Siete años después, hay 1.177 pequeños de hasta 6 años viviendo en centros de menores: 537 de hasta tres años y 640 de entre 4 y 6 (datos del 2020, los últimos disponibles). De 7 a 18 años, hay 15.814 en residencias.

Las autonomías no buscan familias de acogida, y la Fiscalía no supervisa por qué esos niños no salen

La comunidad con más niños de hasta 6 años institucionalizados es Catalunya, con 263 pequeños en centros de acogida, el 22% del total de España. Le sigue a mucha distancia Andalucía, con 175 (53 de menos de 3 años), y Madrid, con 140 (82 bebés). Solo hay una región que no tiene pequeños de menos de 6 años en centros: Cantabria. Navarra no tiene (al menos hasta el 31 de diciembre del 2020) ningún bebé, aunque sí figuraba un menor de entre 4 y 6 años en una residencia.

¿Cómo es posible que haya tantos niños pequeños institucionalizados? Porque la ley del 2015 no fue lo suficientemente taxativa al respecto y, donde puso que no podía haber niños en instituciones, estableció una coletilla a la que se amarran las comunidades: siempre que se pueda. “La norma cerró una puerta, pero dejó abierta una ventana. Cuando vimos la redacción final intentamos que se subsanara esa frase. Pero no hubo manera”, señala Jesús Palacios, catedrático de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Universidad de Sevilla y uno de los expertos cuya voz se escuchó en el Parlamento para redactar esta norma. Y el resultado es que casi 1.200 pequeños están en residencias.

Sin embargo, no se entiende, ni desde el punto de vista del bienestar infantil ni tampoco desde el económico (una plaza en un centro de menores cuesta al mes unos 3.000 euros), la actuación de las administraciones en materia de la protección de los menores bajo su tutela. “No tiene explicación salvo que para ellas es mucho más cómodo meter a un niño en una residencia que buscar una familia de acogida. Encontrar familias implica acción y poner en marcha planes, sin embargo, meterlos en residencias es una actuación rápida”, señala Adriana de la Osa, coordinadora de proyectos de la Asociación Estatal de Acogimiento Familia (Aseaf), entidad que lleva años luchando para reducir la institucionalización de los niños, por las graves consecuencias que vivir en ese entorno les comporta. Palacios va más allá: “Las residencias son un chollo para el sistema. Siempre están abiertas y disponibles y si hay muchos niños, contratas a más gente. Y ya está”.

¿Qué consecuencias? Palacios lleva años estudiando el acogimiento y lo tiene claro: las carencias emocionales.

El catedrático de la Universidad de Sevilla explica que la única ventaja de las residencias es que los niños están protegidos. Vienen de vivir situaciones muy complicadas, donde en muchos casos han tenido carencias, por ejemplo, de alimentación. Y eso, señala Palacios, lo tienen cubierto. O niños que han sufrido situaciones de maltrato y en los centros tienen protección.

Los expertos apuntan los peligros del ingreso en este tipo de centros porque carecen de la atención individualizada necesaria en los primeros años de vida

Pero el bienestar de la infancia va más allá de estar alimentados, limpios o no ser maltratados. Un niño, indica Palacios, debe crecer bien desde el punto de vista emocional. “Unos centros con cuidadores a turnos, niños que no sienten que están locos por ellos, que son cambiados de centros, de amigos y de cuidadores una y otra vez en función de la edad, que reciben atención colectiva… genera muchas carencias en los menores”.

Especialmente en los más pequeños. En los primeros años de vida, la atención individualizada es fundamental. Y, como saben los padres, exige cuidados y compromisos durante las 24 horas del día. En los primeros años de vida se cimenta la arquitectura emocional, lingüista e intelectual posterior. Por eso es tan importante que se críen en una familia de acogida.

¿Y si no hay? Adriana de la Osa niega que no haya. “Cuando a las administraciones nos dicen que no hay, pedimos que nos digan qué hacen para buscar. Y la respuesta es el silencio, porque no hacen nada. En un país tan solidario como este, no se entiende que, por ejemplo, en Madrid, casi el 40% de los pequeños de 6 años no tengan ni siquiera una propuesta de acogida”.

Las claves 1 – La ley del 2015 establecía que ningún bebé fuera ingresado en un centro. Pero incluyó la coletilla de si no quedaba más remedio.

2 – Siete años después, casi 1.200 niños de menos de 6 años están en un centro.

3 – Las administraciones dicen que no hay familias de acogida. Los expertos lo niegan. “No se buscan”.

4 – Los daños emocionales para los más pequeños son muy grandes. Crecen sin una atención personalizada, “sin que nadie se vuelva loco por ellos”.

5 – Para la administración, los centros son “un chollo: siempre abiertos, y si hay muchos niños, se contratan cuidadores”.

Tanto Palacios como De la Osa tienen claro que desinstitucionalizar a los pequeños es una cuestión de voluntad política y de creer de verdad en la infancia y en el bienestar de los niños más allá de los discursos grandilocuentes. Y ponen el ejemplo de Andalucía, que ha aprobado una ley de Infancia que promueve que no haya menores de 13 años en los centros, potenciando el papel del acogimiento.

La consejera de Políticas Sociales, Rocío Ruiz (profesora, que ha ejercido en áreas vulnerables), ha puesto en marcha la campaña “Súper Valiente busca hogar”, que hace hincapié en la valentía de los menores para sobreponerse a situaciones adversas pese a su corta edad y transmite que el acogimiento familiar supone una gran experiencia positiva para las familias. Además, ha puesto en marcha un teléfono para recibir información y da charlas para concienciar a quien quiera ofrecer una familia a unos niños invisibles para la sociedad.

Fuente: La Vanguardia

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